Chile -Ley Antiterrorista

NUEVA LEY ANTITERRORISTA, MEJOR QUE LA DE PINOCHET: ¿PARA QUÉ Y CONTRA QUIÉN?

Los chilenos de Chile ya no tendrán nada que envidiarnos a los chilenos de acá en cuanto a estar protegidos contra el terrorismo luego que el Congreso despachó la nueva Ley Antiterrorista, que mejora y actualiza aquella promulgada en 1984, cuando gobernaba ese gran demócrata humanista que era mi general Pinochet.
Comentando la aprobación parlamentaria de esta nueva ley que debía ser promulgada por el Gordito de la Moneda (si ya no lo ha hecho), el Gobierno señaló que “contaremos con una herramienta más efectiva, moderna y eficiente para perseguir los delitos terroristas”.
En este mismo contexto el Gobierno explicó la necesidad de esta nueva legislación considerando que la anterior, la de Pinochet, era “prácticamente inaplicable”, como si esta nunca hubiese sido utilizada una y otra vez con el concurso de montajes policiales, en contra de las organizaciones mapuches que reivindican sus derechos. –
Cabe entonces preguntarse ¿Cuál era la necesidad y la urgencia de dotarse de esta ley y para combatir cual terrorismo?
En primer término, las organizaciones señaladas como terroristas por los gringos – Al Qaida, Daech y etc, estarían descartadas porque están demasiado lejos de Chile.
Por otra parte, no se conoce el testamento de Usama Ben Laden, por lo que nadie podría afirmar que allí ordenó que atacaran con aviones de línea, las Torres San Borja, la Torre Entel o el edificio Diego Portales en Santiago.
Descartando entonces estas posibilidades anteriores, puede resultar evidente que los senadores y diputados que aprobaron la nueva legislación y el Gobierno que la patrocinó tenían un objetivo bien definido que, sin ser expertos en política, ni pitonisas, ni compiranoicos es fácil comprender.
Haciendo un poco de historia, hay que recordar que el gobierno actual fue en gran medida el resultado del abortado proyecto de una asamblea constituyente que se planteó durante la revuelta popular de 2019.
Gabriel Boric, uno de los diputados que participó en “la cocina” del Proyecto por la paz y una nueva Constitución” con que se dividió y disolvió la dinámica política de la masiva movilización popular, aprovechó la circunstancia para erigirse como la alternativa en una nueva era de justicia social y de cambio después de 30 años de frustraciones.
Tres años después y a doce meses de una nueva elección presidencial no es necesario hacer un balance detallado de la gestión presidencial para comprender que las frustraciones que generaron la revuelta de 2019 no sólo siguen presentes sino más bien se han multiplicado por las promesas una vez más no cumplidas.
Todo esto, en un contexto generalizado de corrupción presente en los diversos niveles del Estado, de sus poderes y de las instituciones, incapaces de cumplir cabal y honradamente con las obligaciones que tienen frente a la ciudadanía.
En tales circunstancias y sin ser expertos, resulta fácil imaginar que tarde o temprano habrá de producirse otra revuelta mucho mayor y quizás mucho más violenta que la de 2019, en que el objetivo será el cambiar definitivamente un sistema indiscutiblemente corrupto, sin caer en la trampa de acuerdos cocinados entre gallos y medianoche.
Queda en evidencia entonces que de lo que se trata con esta nueva ley no es la protección de la ciudadanía en su conjunto frente al peligro de una organización terrorista como lo sugiere su nombre, sino la de crear un Estado policial para acallar, aplastar y reprimir toda tentativa de cuestionamiento o de crítica.
Terrorismo en su definición se refiere a un acto destinado a provocar terror en un determinado grupo humano lo que hace aparecer el entusiasmo por votar y promulgar la citada ley del gobierno y los parlamentarios como un acto de autodefensa, como representantes de una casta política y social aterrorizada que ve está destinada. de una y otra manera, a desaparecer.