Venezuela – Maduro

CADA VEZ MÁS DIFÍCIL DEFENDER AL GOBIERNO DE NICOLAS MADURO

Después de los controvertidos resultados de las elecciones de julio pasado en Venezuela y de la reconducción de Nicolas Madura en el poder el 10 de enero, el informe de la Fiscalía chilena en cuanto que el asesinato del ex oficial Ronald Ojeda habría sido un encargo del gobierno de Caracas, pone aún en mayor dificultad a aquellos que defienden el régimen venezolano sobre la base de su supuesto carácter democrático, socialista y antiimperialista.
 Como en otros casos, nada más formular el enunciado anterior implica ser sospechoso de desviación ideológica cuando no de complicidad con la derecha, según el consabido esquema dialéctico izquierda-derecha y de la lucha entre el bien revolucionario socialista contra el mal imperialista y fascista internacional, como es el postulado del actual gobierno venezolano frente a cualquier tentativa de crítica en su contra.
Uno de los logros más significativos del gobierno de Hugo Chávez fue la redistribución de las rentas del petróleo con la consecuente elevación del nivel de vida de sectores hasta entonces postergados de la sociedad venezolana, lo que significó una masiva e incondicional adhesión popular a la llamada revolución bolivariana.
Como sucesor de Chávez en la presidencia venezolana, Nicolas Maduro necesitaba aparecer dentro del país como en el exterior, como el continuador de la política chavista y, en este sentido mantuvo y ha mantenido al menos un tono discursivo típico de la izquierda, definiendo su gobierno como una “alianza militar-policial- popular”, contra el imperialismo y socialista.
Pero más allá de su discurso, desde 2013, su política ha sido el alentar el desarrollo de un nuevo sector empresarial y la de negociar con los distintos sectores de la burguesía, los tradicionales y los nuevos, si bien excluyó de esta gestión a aquellos de la extrema derecha aliados y al servicio de Estados Unidos y que representan, entre otros, María Corina Machado y el rival de Maduro en las elecciones, Edmundo González.
Dentro de este esquema, el gobierno de Maduro nunca ha dejado de favorecer a diversos sectores empresariales en particular aquellos relacionados con la industria petrolera, cuyas ganancias han servido para alimentar a la casta de nuevos ricos adictos al régimen y a las cúpulas de las fuerzas armadas y policiales.
Al mismo tiempo, desde 2018, a través del decreto 2792, ha quedado suprimido el derecho de los trabajadores a movilizarse, mediante la prohibición de las huelgas, de la presentación de pliegos de peticiones y reivindicaciones, y de la organización y legalizaciones de nuevos sindicatos.
 En cuanto al antiimperialismo, este goza de cierta flexibilidad, lo que permite la entrega de petróleo a Estados Unidos a través de la sociedad Chevron y a España a través de Repsol, en un contexto en que, a pesar del embargo, las empresas estadounidenses pueden extraer el producto venezolano, pero con la prohibición de pagar impuestos a Venezuela.
En otro orden de cosas, el 23 de enero recién pasado, la Fiscalía chilena señaló al gobierno de Nicolás Maduro por su presunta participación en el secuestro y posterior asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda, hecho ocurrido en Santiago en marzo de 2024.
El fiscal nacional chileno Ángel Valencia precisó que “no es una opinión que esté construida sobre la base de una simple especulación, es una hipótesis de investigación que tiene sustento en la evidencia que se ha ido recopilando”.
El medio oficial venezolano Venezuela News, sin entregar argumentos para desmentir lo señalado por el fiscal, respondió señalando al “Gobierno lacayo de Boric, medios y fiscalía en la campaña de Washington”.