LA DESAPARICIÓN DE JULIA CHUÑIL. LAS EMPRESAS FORESTALES DETRÁS DEL CASO.
Julia Chuñil Catricura, es presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel, integrada por 17 familias en el sector Los Ciruelos, comuna de Máfil, en la región de Los Ríos, organización que en 2015 decidió recuperar un predio conocido como « Reserva Cora Número Uno-A », inicialmente asignado a la comunidad Blanco Lepin.
Este terreno había sido abandonado, debido a que no cumplía con las condiciones necesarias para actividades ganaderas y agrícolas.
Desde entonces, la Comunidad Putreguel, encabezada por Julia Chuñil, enfocó sus esfuerzos en la conservación del predio, priorizando la preservación de la biodiversidad local y desarrollando actividades de cría de ganado a pequeña escala.
Julia también ha encabezado la reivindicación de las tierras ancestrales de su comunidad ante la CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), respaldada por documentos firmados por el entonces director regional Cristián Cayul.
En 2013, las tierras reclamadas por la Comunidad Putreguel, habían sido asignadas a Blanco Lepin, que posteriormente denunció irregularidades en la compra del predio. La propiedad, que pasó del Scotia Bank al empresario Juan Carlos Morstadt, fue adquirida por CONADI. Los conflictos creados por estas transacciones llevaron a Blanco Lepin a desistir de ocupar el predio, lo que permitió a la Comunidad Putreguel asumir su conservación, reafirmando su carácter de tierra ancestral.
Durante años, la reivindicación, de sus tierras, le ha costado a la comunidad una serie de actos de hostigamiento y amenazas de parte del empresariado forestal local, por negarse a abandonar los terrenos.
Durante el primer mes después de la desaparición de Julia Chuñil, una intensa campaña ha sido efectuada en las redes sociales. Una querella fue presentada ante la fiscalía regional de Los Ríos por la ONG Escazú Ahora, con el fin de denunciar las amenazas y el hostigamiento.
El gobierno, en un acceso de rapidez, después de un mes desde la desaparición de Julia, reaccionó a través del propio Gabriel Boric, expresando su preocupación y la del Estado por la desaparición, señalando que la familia de ella se había reunido con la subsecretaria de Derechos Humanos y que diferentes acciones de búsqueda se habían realizado.
Además, el ejecutivo informó de la conformación una Mesa de seguimiento del caso, integrada por los seremis de Justicia y Medio Ambiente, el Instituto de Derechos Humanos y el equipo jurídico y de gabinete de la Delegación Presidencial Regional.
No obstante, la CONADI no estuvo presente en la ocasión de conformación de dicha Mesa. La Comisión de Medio Ambiente acordó oficiar al Ministerio del Interior y a la Delegación Presidencial de Los Ríos para inyectar más recursos en la búsqueda; y al Ministerio de Defensa para que también se puedan sumar a los trabajos de rastreo.
Igualmente, desde el gobierno señalaron que el protocolo de Escazú suscrito por el estado chileno sólo entraba en vigor el 27 de diciembre… A la fecha de hoy, felizmente, ya está vigente…
Dicho protocolo, un tratado internacional firmado en 2018 en Escazú, Costa Rica, tiene como objetivos promover la democracia ambiental, garantizar los derechos de acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
También contempla la promoción de la seguridad de las personas defensoras del ambiente y el garantizar particularmente el derecho a la participación ciudadana de pueblos indígenas y comunidades locales.
A este respecto, cabe señalar que el Estado chileno es firmante de la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas.
Desde 2014, y después de la serie de transacciones comerciales complejas e irregulares realizadas entre el empresariado y la Conadi y las tribulaciones jurídicas que llegaron hasta la Corte Suprema, un cuadro de persecución y acoso fue implementado por el empresario Morstadt Anwandter contra la dirigente ambiental, quien se ha distinguido, desde hace tiempo, por defender el bosque nativo y los ríos de de su tierra ancestral.
Todo ello en un contexto de militarización del Wallmapu donde grupos paramilitares y sicarios hacen de las suyas, atentando contra las condiciones de vida de las comunidades indígenas y de la biodiversidad.
Ante el resultado negativo en la búsqueda, la campaña des ONG continúa exigiendo la aparición con vida de la defensora y dirigente mapuche, denunciando las dificultades y trabas que se encuentran en las tareas de búsqueda.
Manifestaciones a nivel nacional e internacional fueron realizadas, recientemente, por la aparición con vida de Julia y para interpelar al gobierno sobre su responsabilidad y la del Estado ante la demanda por la restitución de tierras ancestrales de los pueblos originarios en miras de su derecho a la autodeterminación.
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