JUAN EMILIO CHEYRE, REGALÓN DE LA CONCERTACIÓN, PROCESADO POR ENCUBRIR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD Y POR MALVERSACION DE FONDOS PUBLICOS

El ex general Juan Emilio Cheyre y el ex Presidente Ricardo Lagos esforzados cateadores de vinos … Cheyre , se encuentra condenado por violaciones a los Derechos Humanos y hoy está procesado por ser parte del «mega fraude» del Ejército. Foto: La Novena Columna
El ex comandante en jefe del Ejército, general (R) Juan Emilio Cheyre que, durante buen tiempo se presentó como el militar dispuesto a reconocer los crímenes de la dictadura de Pinochet y a reconciliar a los militares con la sociedad civil chilena, finalmente resultó ser uno de los actores de la llamada Caravana de la Muerte y ahora, gestor de un amplio plan de malversación de fondos públicos.
Dentro del contexto de la represión contra los partidarios del gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, iniciada a partir del golpe de septiembre de 1973 por el dictador Augusto Pinochet y la Junta Militar, a fines de ese mismo mes, se inició un operativo militar para recorrer el país, ejecutando a prisioneros partidarios de Salvador Allende.
Misión primera de este operativo, que no tardó en ser llamado “La Caravana de la Muerte”, fue la de «agilizar y revisar» los procesos de personas detenidas tras el golpe militar, culminando con el asesinato y desaparición forzada de 97 presos políticos.
Asimismo, para descabezar las organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, se llevó a cabo una política de terror para impedir cualquier resistencia al golpe Militar tanto al exterior, como al exterior de los cuarteles, donde se implicó se comprometió al personal y a los oficiales a cargo de las unidades militares del país, en las exacciones que fueron cometidas durante ese período.
CHEYRE Y LA CARAVANA DE LA MUERTE
En la ciudad de La Serena, donde operaba el entonces teniente Cheyre, el 15 de octubre de 1973, la comitiva comandada por Sergio Arellano Stark torturó y fusiló a 15 prisioneros políticos.
Cheyre fue jefe del Ejército entre 2002 y 2006. Anteriormente, ya había desempeñado un rol importante en el reconocimiento de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en las violaciones de Derechos Humanos y fue un artífice en las gestiones que concluyeron en la transferencia del poder ejecutivo a los civiles.
En 2002, Michelle Bachelet, ministra de Defensa en la época, respaldó firmemente al ex comandante en jefe del Ejército ante las denuncias de organizaciones de Derechos Humanos.
Bachelet señaló entonces que Cheyre era una “persona íntegra”, tratando de proteger así su imagen y encubriendo su participación en los crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, en 2016, Ricardo Lagos, expresó que, al momento de la designación de este como comandante en Jefe del Ejército, en diciembre de 2001, « no había ningún elemento que incriminara al general Cheyre » y agregó que « hay que dejar que la justicia haga su tarea ».
No obstante, el 9 de noviembre de 2018, el ministro en visita Mario Carroza, a cargo del caso ROL 2182, Episodio Caravana La Serena, ingresado en tribunales en 1998, determinó la culpabilidad del ex-comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, en calidad de encubridor, (descartando la complicidad) de los delitos perpetrados por el grupo de uniformados, por el cual dictó una sentencia, bien reducida, de tres años y un día bajo la medida de libertad vigilada.
El viernes 28 de octubre de 2022, a casi cuatro años de la primera resolución, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el fallo y desestimó el recurso de casación presentado por la defensa de Cheyre, estableciendo que el fallo de primera instancia era razonable en cuanto a determinar la “participación dolosa” en el caso Caravana de la Muerte en Serena, pues Cheyre comunicó a los medios de prensa que la ejecución de los 15 prisioneros respondía a “un cumplimiento de lo resuelto por Tribunales Militares en tiempos de guerra”.
PROCESO POR TORTURAS
Juan Emilio Cheyre habría de verse una vez más confrontado a la justicia, pues el miércoles 25 de agosto de 2021, la Corte de Apelaciones de La Serena confirmó el procesamiento por el delito de torturas en el regimiento Arica de la capital de Coquimbo en octubre de 1973, ratificando así el fallo del ministro en visita para causas de violaciones a los Derechos Humanos, Vicente Hormazábal.
Durante la audiencia de ese día, se dio cuenta de los antecedentes que señalan a Cheyre como responsable de la sección 2 del Regimiento Arica, donde se aplicaron torturas a 24 detenidos.
En febrero de 2019, el juez Hormazábal procesó a Cheyre acusándolo de ejercer la coordinación o supervisión de los organismos de seguridad, que se dedicaban a efectuar interrogaciones, indagatorias y torturas. Por estas consideraciones, estuvo en prisión preventiva en el Regimiento de policía militar de Peñalolén, pero a los días obtuvo su libertad bajo fianza.
PROCESO POR MALVERSACION
Hace algunos días (noviembre de 2022), Cheyre, regalón y favorito de la Concertación, se encontraba en prisión preventiva en el Regimiento de policía militar de Peñalolén tras ser procesado por la ministra en visita Romy Rutherford por malversación de caudales públicos. El uso irregular de casi 130 millones de pesos, que originalmente estaban destinados a labores de inteligencia fue efectuado mientras él ejercía como comandante en jefe del Ejército.
Diversas reacciones en el mundo político han señalado que el hecho de que los ex generales Fuente-Alba e Izurieta también hayan sido procesados por los mismos delitos, indica la existencia de una descomposición en la cúpula de las FF.AA y particularmente en el Ejército y recuerdan que no basta con procesar, juzgar y condenar a los implicados en estas situaciones, sino que hay que hacer una reforma profunda de la relación de las FF.AA y los altos mandos con el poder civil.
La ministra Rutherford ordenó también el embargo de bienes de Cheyre por un monto total de $ 140 millones y amplió los embargos de Juan Miguel Fuente-Alba por $ 55 millones y de Óscar Izurieta Ferrer por un monto de $ 105 millones.
Por su parte, la defensa de Cheyre presentó un recurso de amparo ante la Corte Marcial indicando que el procesamiento dictaminado por la jueza « es ilegal y arbitrario » y que « se funda en graves errores de hecho y de derecho ».
Este recurso, que fue inicialmente rechazado por dicha Corte y también de manera unánime para los otros dos recursos de Óscar Izurieta y Juan Miguel Fuente-Alba. Sin embargo, la misma la Corte Marcial en un fallo pronunciado el 5 de noviembre pasado, revocó la resolución de Rutherford y concedió la libertad provisional a Cheyre, bajo caución a regular por la jueza.
Los largos procesos establecidos contra Cheyre por su participación en las graves violaciones de Derechos Humanos en Chile, así como los nuevos procesos por corrupción junto a otros jefes del Ejército, plantean una serie de desafíos de orden jurídico como moral a considerar por el conjunto de la sociedad chilena.
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