El 20 de marzo pasado, el diario digital RESUMEN de Concepción fue objeto de un grave atentado que significó importantes pérdidas materiales y de documentación, el segundo en menos de un año.
El 24 de enero de este año, un Tribunal de Garantía de Concepción había condenado a Felipe Soto, director de ese mismo medio, a 61 días de cárcel, por un reportaje sobre “presuntos sobresueldos en la Municipalidad de Quilleco”, publicado el 5 de julio de 2022, cinco días antes del primer atentado, donde además del incendio del local, hubo robo de documentos
Hace apenas unas semanas, el 18 de abril último, Cristina Mitretta, asesora de prensa de la diputada (Comunes) Claudia Mix y el conductor del programa Mate al Rey y director de la revista “El Porteño”, Gustavo Burgos, fueron víctimas de una “encerrona” en Santiago.
Durante el ataque, ambos sufrieron golpes, amenazas contra sus vidas, robo de teléfonos y del vehículo. La asistente parlamentaria señaló que no se trató de un asalto “común” debido a las características de los asaltantes que tenían un acento chileno y un “buen hablar”.
Mitretta y Burgos hicieron una denuncia en la comisaría de Curacaví y precisaron además que un vehículo policial pasó por el lugar sin detenerse, ni perseguir a los delincuentes.
El 3 de mayo se celebrará como todos los años el Día Mundial de la Libertad de prensa. Fecha importante para revisar y analizar el papel de los periodistas, la importancia de los medios de comunicación, el pluralismo informativo, la seguridad de las comunicaciones y las leyes que protegen y que limitan a los medios.
América Latina es una de las regiones más peligrosas para los periodistas. En 20 años, 125 profesionales han sido asesinados, siendo México el país más mortífero en la región.
Chile, a pesar de tener buenas calificaciones en este sentido en los rankings internacionales, varios informes indican una degradación de dichos índices, con una caída estrepitosa de 28 lugares, desvirtuando la imagen paradisíaca de la libertad de prensa en Chile y mostrando la existencia de problemas estructurales en la materia.
Un informe sobre la libertad de expresión establecido el 13-07-2022, por la Facultad de Comunicación e Imagen (FCEI) de la U de Chile señaló la reiteración de las agresiones a la prensa por agentes del Estado (127). Estas comprenden detenciones arbitrarias efectuadas por la policía, ataques con gaz pimienta a foto-reporteros (25), actos de hostigamiento (53), todos los cuales impiden o dificultan la labor de información.
Por su parte, el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), la Fundación de Datos Protegidos (FDP) y el Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI) de la U de Chile, en un informe establecido en 2020, señalaba, un año antes, un retroceso y un fuerte aumento de casos de agresiones a la prensa en 2019.
Estos tuvieron lugar sobre todo durante la revuelta social de octubre, que comprenden traumas oculares, ocultamiento de información pública, presiones del gobierno, restricción de difusión de informaciones en los medios independientes de las redes sociales, durante las cinco semanas posteriores a l 18 de octubre de ese año.
El balance efectuado, entre octubre de 2019 y marzo de 2021, indica 294 ataques a la prensa por parte de Carabineros, entre los cuales se destacan 3 traumas oculares, lesiones con armas disuasivas y 75 detenciones.
En marzo – abril de 2021, un ataque fue perpetrado contra un equipo de TVN, que realizaba un reportaje y entrevistas a dirigentes mapuches, que dejó un resultado de heridos a bala y un camarógrafo quien perdió un ojo.
Igualmente hay que hacer notar las actividades de inteligencia del Ejército contra 6 periodistas de investigación, los cambios producidos en la dirección editorial de la RED, la restricción de contenidos y los ataques informáticos a los medios independientes digitales.
El 1º de mayo de 2022, la reportera y periodista del medio de televisión comunitaria Señal 3 La Victoria, Cristina Sandoval Astudillo, fue asesinada cuando cubría una manifestación en la capital.
En un comunicado del 13 de mayo, Señal 3 denunció las complicidades y responsabilidades de Carabineros y del Gobierno en su asesinato. En ese, destacaron que, curiosamente individuos (lumpen sicario), así como varios otros, mantuvieron contacto directo y estrecho con Carabineros y actuaron bajo el amparo de la institución.
En cuanto a los ataques contra Resumen, cinco días antes del primer atentado, el 5 de julio del año pasado, este había publicado un reportaje donde refería a la trayectoria política de Rodrigo Doroch Yáñez, funcionario del gobierno Regional de BíoBío, luego de lo cual este interpuso una querella en contra del comunicador.
Después de una larga tramitación, el director de Resumen, Felipe Soto fue condenado por un Tribunal de Garantía de Concepción a 61 días de reclusión, a una importante multa y a la suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de condena, luego de considerarlo culpable del delito de injurias graves.
El ODC señaló que existe un abuso de empresarios, de políticos y de altos funcionarios, en el uso de recursos judiciales, de querellas u otras acciones contra periodistas, precisando que en 2015 las querellas, que eran al menos 1000, para aumentar al doble en 2020.
Por su parte, en varias ocasiones, la Comisión Inter-americana de Derechos Humanos (CIDH ha insistido para que se retire la posibilidad de darle un carácter penal a actos interpretados como difamación, injurias y calumnias cuando se trate de funcionarios públicos.
El ODC concluyó que la existencia y aplicación de normas legales represivas están criminalizando la libertad de expresión, generando un efecto disuasivo e inhibitorio de investigaciones y reportajes sobre asuntos de interés público.
Estos hechos recuerdan las criminales actividades de los servicios de la CNI perpetradas durante de la dictadura.
Por su parte, el Colegio de Periodistas y la diputada Mix presentaron querellas por robo y agresión, manifestando la preocupación por las agresiones contra los periodistas, esperando que el caso sea investigado y los responsables identificados y sancionados judicialmente.
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