CASO HERMOSILLA PUEDE SIGNIFICAR UN GRADO MÁS EN LA PRESIÓN DE LA CALDERA SOCIAL

Después de que desde hace meses comenzara a conocerse lo que se ha llamado el “Caso Audios” o “Caso Hermosilla”, en relación con una importante red de corrupción de alto nivel, en que el principal implicado está ahora sometido a juicio para su formalización, resultaría importante preguntarse cuál es la percepción de este en la opinión pública y cuáles serán las inevitables consecuencias.
El llamado Caso Hermosilla fue revelado en noviembre de 2023 pasado por el medio CIPER que publicó en un reportaje la transcripción de una conversación del “reputado abogado de la plaza” Luis Hermosilla, donde este daba instrucciones para sobornar a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos para obtener información confidencial.
A partir de la investigación judicial que se inició a raíz del reportaje, se fue descubriendo toda una trama de obscuras relaciones que mantenía Hermosilla con altas personalidades de la política, del poder judicial y de la policía, que le entregaban información a cambio de favores políticos.
En un contexto en que desde hace unos años han sido puestos en cuestión, investigados o condenados, el propio presidente de la República, jueces del más alto nivel, parlamentarios, comandantes en jefe del Ejército y de Carabineros, y el director de la policía de Investigaciones, este caso aparece como el resumen o el concentrado de toda la corrupción que se ha instalado en el país.
En 1990, después de 17 años de dictadura, con el término formal de esta, se habló de retorno a la democracia y del término de un sistema basado en la represión violenta de toda oposición (salvo cuando se trata de los mapuches).
Por el contrario, se mantuvo intacto uno de los fundamentos esenciales de la institucionalidad que creó la dictadura, cual es el sistema económico, cuyo carácter fue determinado desde los primeros años de esta, con el saqueo y el robo de todo lo que se había constituido como patrimonio nacional, a partir del cual se crearon y desarrollaron las grandes fortunas y empresas actuales.
Este sistema, como cualquier otro, creó valores y modos de vida y de relaciones entre las personas.
En aquel establecido por la Dictadura, mantenido, desarrollado y perfeccionado por todos los gobiernos que vinieron después, en que el mercado es el motor de su funcionamiento, el soborno y la corrupción, es decir la compra o venta de conciencias está intrínsecamente ligado a su funcionamiento.
En 1990, la confianza en las instituciones del Estado ya era minoritaria y esa tendencia ha ido aumentando, situación expresada en manifestaciones y revueltas sociales más o menos regulares en las primeras décadas de este siglo, como fueron aquellas de los liceanos, los estudiantes, las regionales, de mujeres, hasta culminar en lo que fue el estallido de 2019.
En el momento actual al que nos referimos, los medios de todo tipo a través de los cuales se informan los chilenos no fallan en dar a conocer todos los detalles, sobre todo técnicos, que se manejan en el proceso de la formalización de Luis Hermosilla y sus cómplices.
Pero eso es sólo una parte del proceso del conocimiento.
Queda por saber cual es la percepción que tiene el ciudadano común y corriente, que recibe esta información hecha en gran medida de aspectos técnicos judiciales no siempre fáciles de comprender, y que tendría tendencia a considerar son hechos que se dan en un mundo ajeno, en que “se arreglan entre ellos” y al que, al fin y al cabo, debe someterse.
Lo esencial de las reivindicaciones del estallido social de 2019 quedaron sin respuesta y siguen pendientes. Al desencanto y la frustración que ha provocado la traición de los que ahora están en el gobierno, se agrega ahora la reiterada evidencia del actuar de una delincuencia de alto vuelo, tanto o más perjudicial que la de las mafias locales o extranjeras.
¿Para cuando el próximo estallido social aún más violento y radical?
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