Chile – Sistema Eléctrico

COMO FUNCIONA Y COMO EL ESTADO CONTROLA (O NO) EL SISTEMA ELÉCTRICO EN CHILE

Por Claudio Jedlicki

Centenas de miles de clientes sin electricidad durante el sistema frontal
que remeció el centro y el sur de Chile en agosto 2024

El sector eléctrico en Chile, totalmente privado, comprende 26 empresas generadoras, 5 empresas transmisoras y 36 empresas distribuidoras.
En 1982 la dictadura privatizó Chilectra y el proceso se prosiguió hasta comienzo de los años 1990.
El descontento frente al sistema de distribución eléctrica llegó a un punto máximo cuando en mayo y agosto de este año fuertes temporales interrumpieron el suministro afectando a muchos y durante varios días.
En agosto, los cortes fueron casi medio millón y en algunos casos por periodos de hasta ocho días en la Región Metropolitana. La causa inmediata de estos apagones fue la caída de árboles y postes eléctricos.
Esto coincidió con el anuncio de alzas significativas de las tarifas en julio y otra para el año próximo, de alrededor de 30% y 50% respectivamente si estaban congeladas desde 2019.
La distribución eléctrica es un monopolio natural en manos de empresas concesionarias que se encargan del mantenimiento y de comercializar la electricidad.
Por esto y además tratándose de un servicio básico están sometidas a regulación por más neoliberal que sea la orientación estatal.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) diseña los criterios y exigencias de la distribución sobre la base de una empresa modelo ideal, 100% eficiente. Este referente permite establecer los costos de explotación y fijar las tarifas.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) fiscaliza las empresas concesionarias para que estas cumplan la normativa, pudiendo aplicar multas si estas no lo hacen.
En general, la causa de las interrupciones de suministro es la caída de árboles y, en este caso las responsabilidades son compartidas y difusas al implicar a tres actores distintos en la prevención de esta eventualidad: empresas, municipios y particulares.
Sin reparos a que esta responsabilidad debiera estar más claramente identificada, una serie de factores sugieren que las empresas han sido negligentes, por decir lo menos.
La principal empresa que opera en 33 comunas sobre 52 de la región metropolitana, es la filial italiana de la multinacional ENEL, la que. durante el período de congelamiento de tarifas duplicó sus beneficios (+99%).
¿Cómo explicar entonces un tal resultado sino mediante la reducción de costos, entre otros mediante la reducción del personal y, en este caso, aquel afectado a prevenir caída de árboles y postes?
Este mismo razonamiento vale en lo que se refiere a la lentitud en las reparaciones para restablecer el servicio después del temporal.
Ciertamente, no es el monto de las multas correspondientes a un 0,56% del beneficio 2023, aplicadas en mayo pasado por haber mentido respecto al número de usuarios afectados y el lentor en restablecer el servicio,  lo que la incitará a enmendar la situación.
Así han ido quedando descubiertas las insuficiencias de la fiscalización y la regulación para no insistir en la irresponsabilidad de las empresas.
La estatización del sistema y no solo de ENEL como lo ha dejado entrever Gabriel Boric parece indispensable. La coyuntura parece favorable después del descrédito por interrupciones del servicio y alzas de tarifas.
Sin embargo, hay un imperativo aún mayor que no hemos evocado cual es la transición energética.
El país tiene una potencialidad insuficientemente utilizada derivada de su geografía.
La explotación del sol y viento, energías renovables no convencionales (ERNC) requieren inversiones, tecnologías y coordinación con el resto del sistema.
Además, la producción de hidrógeno verde deberá también estar integrada a la producción de ERNC.
Esto implica enormes desafíos tecnológicos (p.e. el almacenamiento y transmisión de producción irregular de energía a gran distancia) y ambientales (p.e. embalses, emplazamientos de eólicas y solares).
La estatización no implica que la totalidad pertenezca al Estado, pero sí que este se encuentre presente en cada una de las empresas.
La centralización del sistema debe substituirse al despelote actual en materia de mantención de la red, tarifas, inversiones, adecuación en la producción de ERNC y la transmisión y distribución.

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