Chile – Emplazamiento a Boric

EMPLAZAN A GABRIEL BORIC POR NO CUMPLIR COMPROMISO CON VÍCTIMAS DE CARABINEROS DURANTE ESTALLIDO SOCIAL

Una carta abierta en la que manifiesta su preocupación por la situación actual de las víctimas de la violencia policial ejercida durante el estallido social, cuando se cumplen cinco años de este, dirigió al presidente Gabriel Boric la Red Internacional de apoyo a los presos políticos en Chile (RIAPPECH).
Como preámbulo, la organización de solidaridad recordó al mandatario el compromiso público que fue el suyo al asumir el cargo que ocupa actualmente., en una “agenda integral de verdad, justicia y reparación”.
A este respecto, le recordaron sus palabras pronunciadas en mayo de 2022, cuando expresaba: «Los ejes de esta agenda incluyen una serie de medidas para comprometer todo el apoyo del Estado a quienes vieron vulnerados sus derechos humanos durante este período».
Así, la RIAPPECH denuncia el no cumplimiento de esta promesa citando un informe de Amnistía Internacional que señaló que «cuatro años después de la respuesta represiva de la policía a las manifestaciones sociales, las víctimas aún no han obtenido reparaciones integrales, la reforma estructural de Carabineros está en un punto muerto y la impunidad persiste en el país».
En este mismo sentido, la organización denuncia una dramática insuficiencia en cuanto a la reparación para las víctimas de la acción de agentes del Estado y, como demostración indica que las pensiones de gracia a 419 víctimas de la “acción criminal de Carabineros” está lejos de tomar en cuenta las más de 10 mil querellas por violaciones a los derechos humanos.
En un reproche directo y sin ambages, la organización solidaria le dice a Boric que lamenta el que haya cedido a las presiones de una ignominiosa campaña de la derecha tendente a desacreditar a las víctimas, anunciando la revocación de al menos 25 de esas pensiones de gracia para personas que tenían antecedentes penales.
Citando al director de Amnistía Chile, Rodrigo Bustos, la RIAPPECH recuerda que «no hay víctimas buenas y víctimas malas» y que «los derechos humanos son universales y no dependen de si una persona ha cometido o no un delito», antes de agregar que «la reparación es un derecho de las víctimas, y no es ‘un favor’ que se concede por gracia del soberano, es obligación del Estado llevarla a cabo».
Como ejemplo de esta injusticia se señala el caso del obrero Sandro Jerez Salas, víctima en la ciudad de Coronel de un disparo efectuado por un infante de marina que le provocó una parálisis de por vida de su brazo izquierda, en un crimen que sigue estando impune a pesar de que su autor fue debidamente identificado.
No obstante, aludiendo delitos menores y antiguos por los que ya cumplió pena, le fue retirada a Jerez la pensión de gracia de reparación, dejándolo privado de la única fuente de subsistencia dada su situación de invalidez.
“Señor Presidente, el ejemplo de Sandro Jerez, tipifica claramente la parcialidad y la injusticia con que han sido tratadas las víctimas de la violenta represión desatada contra los sectores populares que manifestaban su descontento y luchaban por una vida más digna”, afirman lossignatarios de la declaración.
“En conclusión, finaliza la carta abierta, “le solicitamos que restituya a Sandro Jerez su pensión de gracia, así como a todas las víctimas acreditadas como tales a quienes se les haya retirado este beneficio, de manera que el Estado asuma plenamente su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos cometidas por fuerzas policiales y militares durante la revuelta social”.