Chile – « Justicia »

EN CHILE, UNA JUSTICIA CIEGA E IMPARCIAL, PERO CON MUCHOS LAZARILLOS BIEN RECOMPENSADOS

En un país civilizado y democrático, como se supone que es Chile, las decisiones y veredictos de la Honorable Corte Suprema son definitivos y no cabe ninguna posibilidad de cuestionarlos legalmente.
Dicho en otras palabras y vaya sólo como ejemplo, si la “Honorable” dictaminase que la tierra no es redonda, no queda más que plegarse a este veredicto, aún cuando todas las evidencias, el sentido común e incluso estudios científicos, digan lo contrario.
Este ejemplo, que podría aparecer como un absurdo, podría ser posible si se tiene en cuenta la existencia de todo un sistema de relaciones, influencias, corrupciones, sobornos y chanchullos para el nombramiento de los honorables que debían aplicar la ley y que ha quedado en evidencia a partir del llamado “caso Hermosilla”.
Si bien por el momento son solo tres los ministros de la Corte Suprema cuestionados directamente y que enfrentan una acusación constitucional, nada dice que esto no sólo sea la punta del iceberg y que vayan apareciendo otros nombres con el correr de los procesos y las investigaciones.
En contradicción con la teoría y el ideal en cuanto a la igualdad ante la ley y a su imparcialidad, se puede decir no sin razón que la visión que el común de los mortales tiene de esto, es muy, pero muy alejada.
 El mundo judicial es apreciado como algo aparte, con actuarios, notarios, abogados, fiscales, jueces y ministros que se entienden entre ellos con su propio lenguaje, para actuar según se trate de ricos o pobres, poderosos o “gente de a pie”.
Es evidente que el veredicto en un juicio depende en buena medida de los medios de que dispongan las partes para trámites legales, como el concurso de un abogado, con precio según sea este parte de un gabinete prestigiado, con relaciones y contactos a nivel de los tribunales o, el de la asistencia jurídica del Estado.
Del mismo modo, cuando se trata de la aplicación de las penas más graves, hay cárceles para poderosos y para los otros y, dentro de este esquema lo más escandaloso, la existencia de recintos especiales con todo tipo de comodidades y servicios, como Punta Peuco, para los condenados por crímenes como los de la Dictadura.
Cuando toda esta manera de aplicar la justicia deja de ser una mera apreciación que podría ser subjetiva, para transformarse como ahora, en una evidencia, con justa razón cabe cuestionar cada uno de los veredictos que han sido pronunciados en tales condiciones y, en particular, aquellos que tienen o han tenido una trascendencia política.
Entre estos y en particular, el referido a la muerte del presidente Salvador Allende, sobre la cual la Corte Suprema confirmó “no hubo intervención de terceros” estableciendo como definitivo lo del suicidio, tal como lo afirmó la Dictadura desde siempre y por evidentes razones de interés político.
En toda lógica, no hay otra alternativa que la de una revisión a fondo y  la de un cambio fundamental de todo este sistema de desigualdades y de corrupción.
Sin embargo, surge la duda sobre hasta qué punto el abogado Luis Hermosilla, actualmente en el centro del huracán y los ministros de la Corte Suprema Angela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz, que hasta ahora han salido al baile, son sólo una suerte de fusibles que saltaron para superar la crisis y hacer que todo cambie para que todo siga igual.

En enero de 2014, la Corte Suprema confirmó el sobreseimiento total y definitivo de la causa de Salvador Allende. El fallo señala que no existen antecedentes en el proceso que permitan determinar que exista la intervención de terceros en la muerte del jefe de Estado. Además, se detalla que no hay antecedentes de participación de algún miembro del Grupo de Amigos Personales del Presidente (GAP) u otro colaborador en la acción que le privara de la vida, y que no cabe concluir la posibilidad de haberse disparado otra arma que no fuera la que se encontró en poder del presidente Allende, ni tampoco se manifiesta y explica la acción de terceros para ultimarlo.