GOBIERNO POSTERGÓ CUESTIONADO PROYECTO QUE MODIFICA EL SISTEMA DE CRÉDITO EDUCACIONAL (CAE)

Con bombos y platillos, con gran despliegue publicitario previo y, sin duda como regalo en el contexto del “feriado de Fiestas Patrias XL”, el gobierno había anunciado la presentación de un proyecto que pone fin al llamado Crédito con Aval del Estado (CAE) y propone un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior.
Sin embargo, lo que debía ser todo un acontecimiento se desinfló y quedó postergado al menos por algunas semanas por “razones de agenda”, según explicación oficial referida al viaje del ministro de Educación Nicolás Cataldo a Nueva York, formando parte de la comitiva de Gabriel Boric que participaba en la Asamblea general de la ONU.
Para el Ejecutivo, la presentación de este proyecto como un gran acontecimiento estaba vinculado a la necesidad de mostrar el cumplimiento de una de las más significativas promesas de la campaña electoral del candidato Gabriel Boric en 1922, cual fue la “condonación universal” de la deuda educacional.
Sin embargo y desde ya habían aparecido diversos cuestionamientos a este proyecto, por considerar que beneficiaría a los deudores de manera selectiva y no universal como se prometía y destinado, sobre todo, a indemnizar a los bancos privados, en lugar de utilizar dichos fondos en asegurar el derecho a la educación integral libre y gratuita.
En 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos se puso en marcha el sistema del CAE, que según se anunciaba, permitiría a los estudiantes pagar la totalidad del costo de sus carreras, mediante el crédito de un banco privado y con el aval del Estado.
Sin embargo, la realidad fue que, si bien se aseguraba el pago de las universidades, el crédito seguía funcionando según las normas bancarias, es decir exigiendo el pago de un interés que en un comienzo fue de un 5,8%, antes de que, como resultado de las movilizaciones estudiantiles de 2011, en las que participaba un tal Gabriel Boric, este fue reducido a un 2%.
De todo esto el resultado es que en la actualidad los deudores suman un total de 1,8 millones, en la incapacidad de pagar a pesar de haber obtenido un diploma superior, en la medida que esto no les garantiza obtener ingresos más allá de lo estricto necesario para sobrevivir.
Aparte de todo lo señalado, incluso al interior de la coalición de gobierno han surgido obstáculos para la presentación del proyecto sin bien no ligados directamente al contenido mismo de este.
El senador Fidel Espinoza, del partido Socialista, condicionó su voto a una investigación previa en relación con presuntos vínculos entre el ex director de la Junta Nacional de auxilio escolar y becas (JUNAEB), Jaime Tohá y el llamado “Caso Hermosilla”.
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