CLEMENCIA EN MEDIDAS CAUTELARES PARA EX JEFES POLICIALES PODRÍA INTERPRETARSE COMO SEÑAL EN FAVOR DE LA IMPUNIDAD
La decisión judicial que dictaminó sólo el arraigo nacional y la firma quincenal como medidas cautelares para los generales de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rozas, altos mandos y responsables de la represión contra la revuelta ciudadana de 2019, podría prefigurar un clemente veredicto definitivo y una señal más en favor de la impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos.
Además, da fuerza a esta idea la actitud del gobierno de Gabriel Boric, que apenas si reaccionó frente a las interferencias del general Yáñez en las decisiones del Poder Legislativo llamándolo a dar más facultades a Carabineros, y su pasividad frente al abierto desafío a la Justicia de este mismo, al negarse a comparecer en cinco ocasiones ante los jueces que investigaban las graves violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones del estallido social.
Por el contrario, y lo menos que puede decirse es que, a pesar de las graves acusaciones que pesan sobre Yáñez por su acción u inacción durante el estallido social, este pudo contar con el irrestricto apoyo del propio Boric que, con su actitud y desde que asumió como presidente, dio carta blanca a Carabineros para reprimir a los estudiantes, a los mapuches y toda manifestación cuestionando el sistema heredado de la Dictadura y tan bien guardado y desarrollado por los gobiernos sucesivos.
En un balance entregado por el Instituto nacional de los Derechos Humanos (INDH) con motivo del quinto aniversario de la revuelta ciudadana este señaló que el Estado aún no cumple con su obligación de implementar un programa de reparación integral para las víctimas, precisando a modo de ilustración que sólo el 1,3% de las querellas presentadas por el organismo han tenido una sentencia condenatoria.
La directora del INDH para la Región Metropolitana, Beatriz Contreras destacó que “el Estado aún no cumple con su obligación de implementar un plan de reparaciones integrales y las medidas aisladas que pueden haberse tomado hasta hoy son satisfactorias ni tampoco responden al estándar internacional que se exige en estos casos.
El reciente suicidio de Sebastián Méndez, el sexto de una de las 460 que sufrieron traumatismo ocular por la acción de Carabineros, es una más de las pruebas que confirman el abandono total en que han quedado este tipo de víctimas, sobre todo en el aspecto sicológico y de reinserción social, dan absoluto crédito a las afirmaciones de la directora del INDH.
Por su parte, el jefe de la Unidad de Protección de Derechos del organismo, David Bahamondes señaló que sobre la base de un análisis general de la situación “se puede señalar que la impunidad ha sido la tónica de los resultados de la mayoría de los procesos seguidos ante la justicia… lo que es una mala señal para el país”.
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