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GENERALES DE CARABINEROS RESPONSABLES DE LA REPRESION DEL ESTALLIDO SOCIAL ESCAPARON A LA PRISIÓN PREVENTIVA, QUEDANDO CON ARRAIGO NACIONAL Y FIRMA

A pesar de los graves delitos por los cuales fueron imputados, “apremios ilegítimos por omisión con resultado de lesiones graves y homicidio”, los ex generales de Carabineros Ricardo Yáñez, Diego Olate y Mario Rozas, responsables de la represión durante la protesta ciudadana iniciada en octubre de 2019, quedaron sometidos, como medida cautelar, a sólo arraigo nacional y firma quincenal, por decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
El general Yáñez era jefe de Orden y Seguridad de Carabineros, y por lo tanto responsable de todos los uniformados que reprimieron violentamente las manifestaciones con resultado de 32 muertos, 460 personas con lesiones oculares, algunas de ellas con pérdida total de la vista y 8.827 denuncias por abuso sexual, torturas, lesiones y apremios ilegítimos.
En declaraciones a la CNN, la abogada Karinna Fernández, que fue la única que solicitó medidas cautelares de prisión preventiva para los imputados, y que calificó lo del arraigo nacional y la firma quincenal como incoherente, resultó de un arreglo entre la fiscalía y la defensa.
Otro de los querellantes, el Instituto nacional de los Derechos Humanos, había solicitado la prisión preventiva domiciliaria para los imputados.
En esta etapa del proceso, lo que resulta más paradójico es el hecho que en su decisión el juez de garantía tomó en consideración la opinión de la fiscalía que señaló la conducta cooperadora de los exgenerales y la inexistencia de hechos que hayan perjudicado la investigación.
Esta posición de la fiscalía resulta incoherente si se tiene en cuenta que el ex general Ricardo Yáñez, en cinco ocasiones no atendió las convocatorias de la fiscalía para ser imputado.
Frente a tres ellas justificó su no presentación ante la fiscalía la conmoción que provocó la muerte trágica en actos de servicio de funcionarios de Carabineros, en otra aludió el contexto de los Juegos Panamericanos y la necesidad de garantizar la seguridad de estos y, por último, cuando la fiscal Ximena Chong fue a tomarle declaraciones, esgrimió su derecho a guardar silencio.
Por otra parte, en un acto de intromisión y presión a instancias judiciales de la parte de Carabineros, el abogado de Yáñez había pedido en un momento la inhabilitación y la formalización de los fiscales encargados de la causa, Ximena Chong y Xavier Armedáriz.
El abogado de Yáñez, Jorge Martínez acusó a ambos fiscales de “carecer de la debida objetividad e imparcialidad” y, en el colmo del ridículo, argumentó que se podía acreditar “mediante hechos concretos, su enemistad, odio o resentimiento contra la persona del general director de Carabineros y contra la institución…”
El juez de garantía, Cristián Sánchez estableció un plazo de 120 días para la investigación, durante los cuales los imputados estarán sometidos a las medidas cautelares señaladas

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