Chile – Desalojo Toma San Antonio

CORTE ORDENÓ DESALOJAR LA MEGATOMA DE SAN ANTONIO EL 27 DE FEBRERO DE 2025. GOBIERNO LLAMÓ A LA CALMA

Después de cumplirse el nuevo plazo para el desalojo de la megatoma de San Antonio, el pasado 31 de enero de 2025, los pobladores efectuaron gestiones ante la justicia para evitarlo, solicitando más tiempo para organizarse en cooperativas con el fin de comprar el terreno. La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la demanda, lo que dio luz verde al desalojo.
El gobierno por su parte, según indicaciones del ministro de la Vivienda Carlos Montes, señaló que existen conversaciones en curso y se están evaluando alternativas.
Recientemente, la Delegación Regional Presidencial de Valparaíso y también pobladores de la toma, presentaron dos recursos para suspender el desalojo, que también fueron rechazados por la Corte de Apelaciones, fijando el inicio del procedimiento para el 27 de febrero de 2025.
La toma comenzó a fines de 2019 en la comuna de San Antonio en el llamado Cerro Centinela, llegando a ser una de las más grandes del país con cerca de 4.100 familias (17.000 ocupantes).
En 2023, en fallo unánime (causa rol 1972-2023), la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de protección presentado por la Inmobiliaria y Constructora San Antonio, propietaria de los predios, otorgando un plazo máximo de cuatro meses a los ocupantes para que hicieran abandono de los terrenos, « pues de lo contrario se dispone, desde luego, el desalojo inmediato, con auxilio de la fuerza pública en caso de oposición ». 
La toma presenta características especiales al compararla con otras. Su tamaño y su organización interna hacen pensar en un diseño efectuado por urbanistas. Un investigador sobre el tema de las tomas, Iván Poduje, arquitecto y ex-candidato a alcalde ligado a Chile Vamos, ha señalado que la planificación no está clara y piensa que “gente vinculada al narco” puede estar detrás de la organización y de las inversiones previas.
Gloria Maira, delegada de San Antonio del Minvu expresó que, “la percepción es que el cerro no escapa a la realidad del país, hay narco como sucede en otras partes. Es un estigma”.
Recientemente, después de varias gestiones y recursos presentados ante la justicia por el Gobierno y los pobladores de la toma, la Corte de Apelaciones de Valparaíso emitió un fallo donde rechazó los nuevos recursos, fijando día 27 de febrero de 2025 a las 10h fecha para el desalojo el, señalando que el proceso será realizado “en etapas”, de forma “razonable y paulatinamente”.
Por su parte, el Gobierno en una declaración pública llamó a la calma y aseguró, desde el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que las decisiones judiciales se respetan, pero destacando también que esta toma hace parte de un “problema nacional, considerando que tenemos 1.432 campamentos distribuidos a lo largo del país”.
Asimismo, desde el mismo Ministerio se señaló que el gobierno ha participado en diferentes reuniones con los involucrados actuando como intermediario para lograr una solución que implique que las familias se organicen en cooperativas y que puedan adquirir el terreno. Desde ya, 3200 familias están inscritas para ello.
El lunes 24 de febrero, el ministerio de la Vivienda, el ministerio del Interior y los propietarios debían celebrar una reunión para avanzar en la solución, teniendo en cuenta un catastro de agosto de 2024, efectuado por el ministerio de la Vivienda donde se estableció que unas 10.000 personas viven en los terrenos, de los cuales 33% son menores de edad.
Además, se hizo un estudio del terreno para determinar la superficie útil para las viviendas y una tasación para determinar los precios.
La dirigente del Comité Nuevos Aires de San Antonio, Karina Ayala, expresó que existen expectativas para la compra del terreno a través de las cooperativas de viviendas y que la urgencia del problema está “a cargo del Gobierno que no le dio la seriedad que corresponde”.
“Aunque sea sectorizado, no vamos a permitir que se desaloje a ningún vecino y estamos todas las dirigencias en lo mismo, lucharemos con uñas y dientes para poder radicarnos en el territorio” advirtió la dirigente.
Entre los recursos de que los pobladores disponen para evitar el desalojo o postergar la fecha de éste, está la apelación ante la Corte Suprema.
Teniendo en cuenta el carácter sagrado del derecho de propiedad en este sistema neoliberal y las resoluciones anteriores de la misma Corte, no hay muchas esperanzas de una solución favorable para los pobladores.
A comienzos de 2022, en relación a otra toma en la región, esta magna y sabia Corte Suprema ya había acogido un recurso presentado por el empresario José Massú, propietario de un terreno ubicado en el sector Camino Internacional de Viña del Mar, donde durante la pandemia, más de 80 familias se instalaron dando nacimiento a la Toma Edén de Lajarillas,.
 El recurso de protección del propietario denunciaba una usurpación, reclamando la restitución de su parcela. La Corte Suprema ordenó el desalojo para el lunes 17 de febrero a las 10:00 am. Los pobladores interpusieron un recurso de protección y la Corte de Apelaciones de Valparaíso, después de reuniones efectuadas sobre la viabilidad del proceso, determinó aplazar el desalojo de la toma para el 4 de marzo a las 9 de la mañana. Los pobladores, en su mayoría extranjeros se oponen a abandonar el lugar sin una solución.
Diferentes organizaciones que reivindican el derecho a la vivienda y a la vida de los pobladores en la región de Valparaíso señalan que se está viviendo un profundo problema social, que pone al descubierto un déficit habitacional que a escala nacional supera ya las 900.000 viviendas y que es presentado por el Estado y por los medios de comunicación, como un simple problema de orden público y cuya única solución es la represión.
En consecuencia, hacen un llamado a solidarizar con la Toma de Lajarillas y aquella de San Antonio, así como a movilizarse para impedir los desalojos en curso.