MINISTERIO PUBLICO DECIDE CERRAR MÁS DE 1.500 CAUSAS POR VIOLACIONES DE LOS DDHH DURANTE EL ESTALLIDO SOCIAL

El Ministerio Público decidió el cierre de más de 1.500 causas por violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante el estallido social en 2019, marcando un nuevo paso hacia un estado de impunidad para los responsables de estos hechos, principalmente Carabineros.
La decisión ha provocado airadas reacciones de organismos de defensa de los Derechos Humanos y organizaciones creadas para defender y conseguir justicia para las víctimas de esos hechos.
Diversos abogados y organizaciones de Derechos Humanos han hecho públicos sus reclamos a esta medida de la Fiscalía, acusando la falta de diligencia por parte del Ministerio Público en la investigación de diversas denuncias, lo que deja totalmente abierta la posibilidad para que las violaciones, las torturas, las mutilaciones y los asesinatos sean nuevamente cometidos con la garantía para sus autores que no serán castigados.
En este sentido, la decisión del Ministerio Público deja una vez más en evidencia el marcado carácter clasista y político de este y la consecuente corrupción del sistema judicial, como ha quedado demostrado con el caso Hermosilla y su red de influencias entre cuyos beneficiados figuraba el ex fiscal nacional Manuel Guerra.
El significado que tiene el abandono de estos casos también contrasta con la celeridad y el rigor con que se enjuició y condenó a las personas detenidas durante el estallido social, en muchos casos sobre el solo testimonio de Carabineros, sin mayores pruebas y como resultado de montajes.
Del mismo modo, contrasta con la diligencia y el interés con que actúa la Fiscalía cuando se trata de perseguir a organizaciones y comuneros mapuches, que tampoco es la misma cuando se trata de investigar la desaparición de una dirigente campesina como Julia Chuñil.
El conocido abogado y académico Claudio Nash señaló que el cierre de estas causas no es más que impunidad, calificando de arbitraria la facultad de no proseguir la investigación donde aparecen claramente comprometidos agentes del Estado en hechos graves de violaciones a los Derechos Humanos.
Amnistía Internacional, en su informe anual de 2023-2024, señaló que un 99,6% de los casos denunciados de violaciones de derechos humanos estaban en la impunidad, esto sustentado con datos del Ministerio Público, indicó Nash.
El académico explicó que “todavía estamos en una batalla cultural donde se intenta negar esos hechos (de violaciones a los derechos humanos en el estallido social), se intenta desvirtuarlos, la idea de la criminalización de la protesta social todavía opera con mucha fuerza. Se ha generado ahí un contexto donde la impunidad puede operar con mayor facilidad”.
Claudio Nash recordó la falta de compromiso con los Derechos Humanos de parte de las autoridades y del propio Presidente, a pesar de sus promesas frente a crímenes en distintas materias que han provocado conmoción, de perseguirlos y evitar que queden en la impunidad.
El académico señaló la total omisión del gobierno de Boric en relación con los crímenes cometidos durante el gobierno de Sebastián Piñera y más aún la protección permanente del ex director general de Carabineros, responsable principal de los hechos, para que este no se presentara ante la Justicia.
“El compromiso con la impunidad de este gobierno ha sido firme, no por la justicia, sino que por la impunidad y eso duele decirlo”, denunció Nash.
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