Aborto

LEY DE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO A MERCED DE BEATAS Y PECHOÑOS

A fines del pasado mes de noviembre, la Cámara de Diputado(a)s rechazó el proyecto que despenaliza el aborto consentido por la mujer dentro de las 14 primeras semanas de gestación, eludiendo una vez más legislar sobre un tema en que es claro siguen pesando consideraciones moralistas y pacatas ajenas al libre albedrío de las personas.

En Chile, el aborto fue definido como delito en el Código Penal de 1874. El texto tuvo enmiendas en 1931 en el Código sanitario, aceptando excepciones a la criminalización cuando había fines terapéuticos.

En 1989, la dictadura militar penalizó de nuevo todo tipo de interrupción voluntaria del embarazo.

Chile recién legalizó el aborto en 2017, en condiciones muy restringidas -violación, malformación del feto y peligro de muerte para la madre – y hasta ese momento el tema era tabú, a pesar del importante número de mujeres víctimas de intervenciones clandestinas y en precarias condiciones de higiene.

La consideración de delito para todo acto de interrupción del embarazo es uno de los ejemplos más claro de una justicia de clases.

Los embarazos no deseados se producen en todos los niveles sociales y con mayor frecuencia en los sectores más desposeídos en razón de una falta de educación sexual y de un acceso no siempre fácil con los centros de planificación familiar, cuando estos existen.

En los hechos y en la práctica, es el nivel económico el que determina si el aborto, será considerado o no como un delito y merecedor de la sanción establecida por el Código Penal.

Una mujer, con medios económicos suficientes para pagar un médico dispuesto a realizar la intervención discretamente, con las condiciones sanitarias requeridas y en instalaciones adecuadas, podrá superar la intervención sin problemas de salud ni judiciales.

No ocurre lo mismo cuando se trata de una mujer de condición social y económica precarias, enfrentada a la misma situación, pues no tendrá más opción que recurrir a métodos caseros, muchas veces brutales o, a “alguna comadre o vecina del barrio”, con cierta experiencia en la materia.

En numerosos casos, la mujer termina en el hospital, tratada de urgencia por infección o hemorragia, las que serán tratadas como instancia previa para que la paciente termine en  prisión.

De la hipocresía y el sexismo con que se ha tratado el tema en países como Chile, con una fuerte y arraigada tradición religiosa, la iglesia Católica es una de las grandes responsables.

Sobre una base ideológica machista y misógina, en algunos casos casi patológica y que remonta a sus orígenes, en los dos últimos siglos, la iglesia Católica a través del Vaticano ha tratado de imponer sus puntos de vista, en el sentido que la planificación familiar y el aborto son condenables.

En el contexto de esta tradición machista y misógina, la Iglesia siempre relacionó el aborto con el sexo considerado como algo sucio y pecaminoso, sobre todo tratándose de la mujer. En la medida que no le daba a este la finalidad “sagrada” de procrear, la relación sexual se limitaba estrictamente al placer, de por sí reprobable y condenable.

En cuanto al aborto, la posición de la Iglesia fue variando según las circunstancias y centrada sobre todo en la cuestión del momento en que el feto se convierte en un ser humano, al recibir “el soplo divino”.

Siguiendo la opinión de Aristóteles a este respecto, los grandes “padres” de la Iglesia, como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, el alma sería infundida al feto a partir de cierto tiempo de gestación. Cuarenta días si este era de sexo masculino y el doble si se trataba de una mujer (¡!).

Fue sólo en 1869 que, sobre la base del enunciado de un teólogo francés Jean Gury, que la Iglesia adoptó la noción de “hominización inmediata”, es decir la consideración que hay un ser humano desde el momento mismo que el óvulo es fecundado y, por lo tanto, toda interrupción de este proceso equivale a un homicidio.

En Chile, a pesar de que legalmente está establecida la separación entre religión y Estado, la influencia de la iglesia Católica sigue siendo importante (por no decir nefasta) en la sociedad y, peor aún, en la cosa pública, como lo demuestra una vez más la postergación del debate de una cuestión social de primera importancia.