Chile – Julia Chuñil

FALLO DE LA SUPREMA EN CASO JULIA CHUÑIL: NUEVA MANIFESTACIÓN DE IMPUNIDAD

Fallo de la Corte Suprema que rechaza recurso de amparo refuerza denuncias de impunidad.
Organizaciones de apoyo a la familia de Julia Chuñil no aceptan decisión y denuncian a los ministros de la Corte autores del fallo.

El reciente fallo de la Corte Suprema, que rechazó el recurso de amparo presentado por la familia de la dirigente mapuche, ha provocado un enérgico repudio de organizaciones de apoyo a los familiares de Julia Chuñil y de diversas organizaciones de derechos humanos y sus familiares denuncian una nueva expresión de impunidad, ahora avalada por la más alta instancia judicial del país.
 La familia de Julia Chuñil Catricura, 72 años, dirigente mapuche y ambientalista, desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024 en el sector Máfil de la región de Los Ríos, había presentado tres denuncias y recurso de amparo por graves apremios ilegítimos contra la fiscal regional Tatiana Esquivel y los funcionarios de Carabineros Dagoberto Cabrera (SIP) y José Arriagada (LABOCAR).
Según la presentación, el 30 de enero, la fiscal Esquivel (que se declaró incompetente), escoltada por Carabineros del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, más funcionarios de la SIP y del Labocar efectuaron un operativo en el domicilio de Jeannette Troncoso, hija de Julia Chuñil, con el fin de interrogarla.
Jeannette Troncoso debió subir a un vehículo policial donde se encontraba la fiscal Esquivel y donde José Arriagada la habría presionado para que confesara que, junto a su esposo, habían hecho desaparecer a su madre.
Según lo contenido en el recurso, Arriagada “realizó gestos de intimidación poniendo la mano sobre su arma y sacándola parcialmente de el estuche, haciendo creer a Jeannette que sería apuntada”, todo esto en presencia de la fiscal que trataba de tranquilizarla para que contara la verdad, aludiendo que por el hecho de ser mujer “la entendería”, en un escenario típico del interrogatorio, en que uno de los inquisidores es el malo, violento y amenazador y el otro, o en este caso la otra, la buena, que comprende y sólo quiere ayudar.
En total, habría estado más de tres horas a bordo de vehículos policiales siendo interrogada.
La abogada Karina Riquelme señaló que el relato de los hechos efectuado por los servicios estatales fue « poco riguroso », omitiendo considerar pruebas claves que respaldaban la denuncia de apremios ilegítimos e intimidaciones de parte de los servicios estatales contra Jeannette Troncoso, hija de Julia Chuñil y en contra de sus hijos.
Por su parte, Mariela Santana, abogada de uno de los hijos de Julia Chuñil, denunció graves falencias en la investigación, cuestionando la rotación constante de fiscales en la causa, así como los reiterados allanamientos dirigidos contra los hijos de la dirigente mapuche.
La abogada señaló además que la Corte Suprema no evaluó si la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, se ajustaba a obligaciones internacionales que Chile debe respetar en materia de derechos humanos, concretamente normas de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El fallo en cuestión fue firmado por los ministros Manuel Antonio Valderrama, María Teresa Letelier, Cristina Gajardo y los abogados integrantes Pía Tavolari y Eduardo Gandulfo, quienes componen la segunda sala de la Corte Suprema.
Esta composición ha sido cuestionada por la existencia de conflictos de interés de uno de sus miembros, por los vínculos con redes políticas de otro de ellos  y por relativizar tratados internacionales que han favorecido a condenados por delito de lesa humanidad.
Organizaciones de Derechos Humanos han denunciado también que la Corte Suprema y otros tribunales han favorecido de manera sistemática a intereses empresariales en casos ambientales y territoriales, como aquellos de la industria minera, celulosa y salmoneras.
En este caso, denuncian una denegación de justicia, sobre todo porque el fiscal Alejandro Ríos no ha aceptado que el empresario Juan Carlos Morstadt, sindicado por la familia como principal sospechoso, se haga parte en la querella, negándose a declarar.
También denuncian la inacción de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), el fracaso de la Comisión investigadora de la Cámara de diputados y el silencio del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de Medio Ambiente.
Este caso se transformó en un símbolo de lucha en un contexto de violencia estatal, de racismo y de conflictos territoriales. Las organizaciones y la familia señalaron que continuarán la búsqueda y que su desaparición forzada no será olvidada.