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CONDENA CONTRA CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER: FALLO JUDICIAL CON CLAROS FINES POLÍTICOS

El 10 de junio pasado, la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en contra de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner.
Esta decisión judicial del más alto tribunal de justicia argentino se produjo a cuatro meses de las elecciones legislativas en las que la exmandataria había señalado su intención de presentarse, añadiendo un elemento que refuerza las denuncias sobre un proceso organizado de persecución política a través de la justicia.
La dirigente argentina fue acusada de haber favorecido, durante su gobierno entre 2007 y 2015, contratos de obras públicas con un particular y, aunque los organismos técnicos del Estado no señalaron irregularidades, ni se probó enriquecimiento personal ni actos de corrupción, los jueces aludieron su responsabilidad como presidenta en el contexto de este tipo.
Estas circunstancias hacen aparecer la decisión de los jueces de la Suprema argentina como un típico caso de lo que se conoce comúnmente como lawfare, es decir la utilización del sistema jurídico legal como arma política, para perseguir y desacreditar a adversarios políticos
El abogado de la exmandataria, Gregorio Dalbón puso el acento precisamente en esta situación, acusando al Poder Judicial de actuar “sin independencia ni imparcialidad” y de haberse inclinado ante “una matriz de persecución que excede lo judicial y responde a un objetivo político, cual es proscribirla”.
El abogado afirmó rotundamente que “No hay delito. No hay prueba. No hay justicia no hay dolo, no hay beneficio personal, no hay participación alguna. Ni siquiera hay una descripción clara del hecho punible”, para establecer que el fallo se funda sólo en “conjeturas, inferencias y un relato armado fuera del expediente”.
Desde 2015, cuando Cristina dejó su cargo presidencial, ha enfrentado innumerables causas penales, allanamientos y resoluciones de jueces federales altamente publicitados por la prensa, situaciones desestimadas luego, en donde la justicia pareció centrarse más a buscar una sanción preventiva que el establecimiento de la verdad.
Esta técnica del lawfare en contra de Cristina Fernández no es una novedad, pues dirigentes latinoamericanos como Lula y Dilma Rousseff en Brasil, Pedro Castillo en Perú, Jorge Glas en Ecuador o Daniel Jadue en Chile han sido sometidos a procesos en que los desenlaces han demostrado estaban orientados a socavar o destruir sus proyectos políticos.
Bajo el gobierno de Javier Milei, Argentina vive actualmente un momento de grave crisis política y social, donde, a las brutales medidas contra jubilados y trabajadores en general, a los intentos de destrucción del Estado y a la creciente represión contra todo tipo de oposición, se agregan graves acusaciones de traición y entrega de partes del territorio nacional a potencias extranjeras en contra del mandatario.
La figura de Cristina Fernández de Kirchner aparece como una líder indiscutible y capaz de reunir fuerzas frente a la deriva autoritaria y antidemocrática del actual gobierno y, en este contexto, las denuncias en orden a que la condena en su contra no es más que una maniobra política para desautorizarla y eliminarla políticamente, tienen todo su fundamento.

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EXPOSICION :

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Tal como lo habíamos pensado y planificado la reunión de desarrolló en un ambiente familiar y amistoso, con la presencia de todos los que en París y sus alrededores nos han acompañado en esta aventura y que se han convertido en los mejores difusores a los cuatro vientos de nuestra publicación.

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Como somos “pobres pero honrados”, tal como el diario del pueblo de Condorito, el escaso capital de funcionamiento de que disponemos, es decir el dinero de nuestros bolsillos, no nos permitió imprimir tarjetas para invitar como corresponde al nivel político y social de algunos de los que nos habría gustado tener con nosotros.

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