Chile – Corrupción – Soquimich

TODOS LIBRES DE POLVO Y PAJA, PERO NO POR ESO MENOS CULPABLES

Por no haber sido juzgados “en un plazo razonable”, todos los imputados en la última etapa del llamado caso Soquimich, uno de los escándalos emblemáticos del financiamiento ilegal y de corrupción de la política chilena, quedaron libres de polvo y paja, según quedó estipulado oficialmente por veredicto de la justicia de Chile
Según la resolución del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el ex senador UDI Pablo Longueira, el ex gerente general de Soquimich Patricio Contesse, el actual candidato presidencial Marco Enríquez Ominami, más un grupo de asesores, fueron absueltos de los cargos por delitos tributarios y de cohecho de que estaban acusados.
El tribunal justificó su decisión en el “actuar poco prolijo del Ministerio Público”, es decir sin la necesaria diligencia, de lo que habría resultado la “vulneración del plazo razonable” y, debido a la muerte durante el proceso de 13 testigos claves, lo que impidió acreditar los delitos de cohecho, soborno, falsedad ideológica y delitos tributarios.
Como es fácil imaginar, si bien este veredicto se ajusta perfecta y técnicamente a la ley, en la medida que beneficia a personas pertenecientes a la clase política, está generando airados debates y ha hecho crecer el sentimiento de desconfianza hacia la justicia y afirmado la idea que esta se aplica según la clase social o el poder económico y político de los implicados.
Por otra parte, es importante recordar que la investigación de este caso se inició en 2014, a partir de otro similar y también de financiamiento fraudulento de la política, como fue el llamado Caso Penta, en que los acusados fueron condenados sólo a penas de multa y de asistencia a clases de ética.
Efectivamente, en el marco de las investigaciones en el llamado caso Penta, se descubrió que la empresa Soquimich (SQM) que fuera empresa del Estado y de la que se apropió el que fue yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, pagó, entre 2009 y 2014, más de 14 millones de dólares para el financiamiento de campañas parlamentarias y presidenciales de todo el espectro político.
El sistema, mediante el cual se financiaron figuras de la derecha, centro e izquierda, consistía en el pago de boletas y facturas emitidas por parlamentarios, asesores, asociados, familiares y fundaciones;porconcepto  de asesorías, asistencia técnica y otros servicios; todos falsos o inexistentes.
Sin embargo, en este contexto de absolución de un verdadero crimen contra la democracia, lo que aparece aún más escandaloso, es la declaración formulada por la jueza en que estapretendió hacer aparecer a los imputados como víctimas debido a la prolongación del proceso.
“La extensión temporal de la investigación y el procedimiento en sí mismos, (…) han lesionado seriamente la situación jurídica de todos los acusados(a)s, quienes estuvieron sujetos por largo tiempo a medidas cautelares privativas y restrictivas de su libertad personal”,afirmó la magistrada.
Evidente esto hace pensar que las 2.900 condenas sobre la base de montajes policiales y en tiempo récord, contra las personas, en su mayoría jóvenes, que participaron en la revuelta social de 2019, tuvieron una sana y humana intención de evitarles fuesen víctimas, como las del caso Soquimich, de una investigación y un proceso prolongado.
El ex fiscal Carlos Gajardo, que encabezó las investigaciones en el caso Penta y luego inició las del caso SQM, comentó que la sentencia “refleja la dificultad que tiene Chile para aplicar la ley de forma igual para todos (…-) y refuerza la idea de que en Chile sólo se encarcela la pobreza.”