Chile

CARGOS SOBRE LA BASE DE MONTAJES CONTRA PRESOS DE LA REVUELTA SIN COMPARACIÓN CON CRIMENES CONTRA DDHH DE LA AUTORIDAD

Tribunales en Iquique: manifestación por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta Social

Después de sortear innumerables dificultades y tribulaciones legislativas el proyecto de indulto para los prisioneros políticos de la revuelta popular está estancado en el Senado y parece destinado a dormir profundamente.

El gobierno saliente y la derecha han anunciado y reiterado en numerosas ocasiones que recurrirán a todas las instancias legales para evitar su aprobación y para vetar el proyecto, precisando que incluso recurrirán al Tribunal Constitucional para, de esta manera, declararlo inconstitucional.

Este proyecto de indulto suscitó grandes esperanzas tanto en los presos como en sus familiares, pues aparece para ellos como la vía posible y la única opción política para recuperar la libertad.

El desenlace final no se ha producido todavía, el vaivén parlamentario, aún es posible, pero será considerado en marzo próximo con un Parlamento aún más desfavorable que el anterior.

Después de la aprobación en la Comisión de Constitución del Senado, el proyecto había sido despachado a la sala del Senado con una serie de modificaciones que definen un nuevo « catálogo de delitos » posibles de ser amnistiados, lo que descartaba de hecho los delitos imputados sobre la base de montajes.

Estos cambios han desvirtuado la naturaleza misma del proyecto al cambiar, por arte de magia, el concepto de « indulto » por el de « amnistía », lo que abre la posibilidad, ya anunciada por varios legisladores (Frente Amplio, de centro derecha y de izquierda), de acordar la amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía que cometieron violaciones de derechos humanos durante la revuelta.

Como es evidente, incluso los cargos considerados como delitos de derecho común y supuestamente sin relación con una acción política, establecidos sobre la base de montajes y de falsas declaraciones de Carabineros, no guardan relación con las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por los agentes del Estado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe presentado el martes 25 de enero último, destacó que 31 personas perdieron la vida, cinco de ellas por acción directa de agentes del Estado debido a un « exceso del uso de la fuerza en contra de manifestantes ».

La CIDH señaló además que « cientos de personas resultaron heridas, en particular con lesiones oculares », agregando queel Estado está en deuda en lo que se refiere a la reparación de las víctimas.

El organismo se refiere además, a la situación de los presos destacando que hay decenas de « personas que no han tenido un debido proceso, pues no se justificaría su prisión preventiva » . La institución hizo 60 recomendaciones, entre ellas, la que el Estado chileno se abstenga de aplicar la « Ley de Seguridad del Estado como medida restrictiva no idónea », que modifique « la legislación para prohibir que las Fuerzas Armadas participen en hechos de esta índole « y llamó a las autoridades a apegarse a las normas estipuladas por los organismos pertinentes.

Las organizaciones de Familiares de los Presos Políticos y organizaciones por su Libertad continuaron con las movilizaciones presionando a los actuales parlamentarios para sacar adelante el proyecto de Indulto y al mismo tiempo emplazando a las nuevas autoridades para lograr una solución política al problema.

Una gran manifestación está convocada para el 11 de marzo próximo, por la Libertad de los Prisioneros políticos y por todas las demandas expresadas durante la Revuelta Social.

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