Chile – Crimen organizado

A QUIÉN Y POR QUÉ LE INTERESA QUE EL SECRETO BANCARIO
SEA LO MÁS HERMÉTICO POSIBLE

Un de los golpes más importantes contra el crimen organizado en Chile tuvo lugar a principios del mes de junio cuando mediante la llamada Operación Tokio se desmanteló una organización que, través de bancos y operaciones financieras formales, había conseguido sacar ilegalmente del país unos 85 millones de dólares.
Lo inédito de esta operación de la Fiscalía es que, a diferencia de las habituales con detención de pequeños traficantes, sicarios o delincuentes de base, esta vez fue arrestado y puesto a disposición de la justicia un alto ejecutivo bancario, por aparecer vinculado a una estructura de lavado de dinero por cuenta del Tren de Aragua.
Mas allá del monto del dinero implicado en este caso, lo que es importante es que constituye una clara prueba más de lo que no es un secreto para nadie, salvo para la Derecha, cual es la utilización de las vías normales de circulación del dinero por parte del crimen organizado.
Estos resultados fueron logrados al cabo de dos años de investigaciones no iniciadas contra el tráfico de dinero ilegal, sino como consecuencia de las pesquisas en torno a una matanza ocurrida en julio de 2024, en la localidad de Lampa, en el marco de la guerra entre bandas rivales.
Es aquí donde este caso, que para los medios tradicionales estuvo centrado en lo inédito de la detención de un alto ejecutivo bancario, a saber, del Banco Santander, adquiere un carácter político.
Tradicionalmente, la derecha chilena ha hecho de la mantención del secreto bancario una cuestión de principios, aludiendo entre otros argumentos la protección de la libertad individual en cuanto a lo privado, en este caso el dinero que cada cual tiene el derecho de poseer.
De hecho, en el marco de la legislación chilena el secreto bancario puede ser levantado mediante una autorización judicial previa, lo que debido al tiempo que puede necesitar el obtener esta, alarga y obstaculiza la investigación como también  puede permitir a aquellos que son objeto de esta, tomar las medidas para eludir la acción de la justicia.
Resulta entonces que el problema que la derogación del secreto bancaria podría dejar en evidencia no  tanto la posesión de algo privado como pueden ser los bienes que cada cual tiene el derecho de tener, sino los medios y las vías por las cuales estos fueron adquiridos.
Si los bienes o la fortuna fueron adquiridos (son sólo algunos ejemplos), mediante la corrupción, colusiones ilegales, estafas a un banco u otro tipo de actividades menos elegantes, como la extorsión, el tráfico sexual, el sicariato o el narcotráfico, se puede entender perfectamente el interés de los que quieren que el secreto bancario sea lo más hermético posible.
En otro aspecto de este mismo caso y a modo de ayudamemoria, en marzo de 2025, el Senado rechazó por 17 votos contra 14 el que la Unidad de Análisis Financiero levantara el secreto bancario sin orden judicial.
En enero de 2026, con Kast en La Moneda, la Comisión de Seguridad reiteró su rechazo.
Por último, en la segunda semana de este mes de junio, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz reafirmó que la posición del Gobierno es mantener la autorización judicial como principio básico para el levantamiento del secreto bancario.