Chile

BORIC TRATA POR TODOS LOS MEDIOS DE SACARLE EL POTO A LA JERINGA EN LO DE LA ADHESIÓN AL TPP-11

Aprovechando la imagen internacional de “el presidente más joven” o  colocado con muy buena voluntad (o total ignorancia) en la línea del presidente Allende, Gabriel Boric quiso dar en las Naciones Unidas una imagen de alguien decidido y determinado en cuanto a sus proyectos de gobierno.
Queda por ver si lo logró.
Sin embargo, en el país, sus vacilaciones y medias tintas en torno a un tema tan crucial como es la adhesión del Chile al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido más comúnmente como TPP-11, lo muestran como alguien debilitado por el desastre del Apruebo y tratando de conciliar posiciones antagónicas expresadas en su propio campo.
Apenas conocido el resultado del plebiscito que rechazó el proyecto de nueva Constitución, varios senadores y senadoras pusieron en el tapete para ser sometido a discusión y aprobación el asunto de la adhesión de Chile al TPP-11.
Este último trámite para la aprobación del proyecto había quedado suspendido en 2019, gracias a la presión ejercida por las organizaciones sociales movilizadas para rechazarlo, que demostraron de manera técnica y política el verdadero atentado contra la soberanía del país y contra cualquier intento de cambio para superar el neoliberalismo impuesto, que este implicaba.
Pero ya que hablamos del TPP-11, veamos primero de qué trata y qué se esconde detrás de una sigla como las que nos proponen políticos y tecnócratas para darse importancia y que, en general, sirven para pasarle gato por liebre al común de los mortales.
El TPP-11 es un tratado de integración económica, dicho en claro, una serie de acuerdos, supuestamente destinados a mejorar los intercambios económicos entre los países que participan, es decir y en este caso, con los 11 paises del área Asia Pacífico, con los cuales Chile ya tiene acuerdos de libre comercio, lo que en el fondo y al menos en este aspecto, no significa un cambio.
Pero lo que desde ya debería hacernos comprender la pasión de algunos por promover este tratado y, al mismo tiempo, ponernos en guardia, es el interés que tienen en implementarlo grandes corporaciones como Bayer y Monsanto, que justamente al amparo de la legislación privada que les otorgan el tratado imponen la utilización de pesticidas y transgénicos con grave daño para la Naturaleza.
Si citamos entre estas últimas nada más a Forestal Arauco, la cuestión será aún más fácil de comprender.
El TPP-11 establece una legislación propia para dirimir los conflictos comerciales que pudiesen existir t entre los países firmantes.
 Esto significa ni más ni menos el supeditar el ejercicio de la justicia a tribunales supuestamente “independientes” pero que, como es lógico suponer, de ninguna manera irían en contra de los intereses de transnacionales como las que citábamos anteriormente.
La aberración llega a tal grado como el hecho que según el TPP-11, en caso de la adopción de un país, en este caso Chile, de una medida, como por ejemplo la interdicción de pesticidas en la agricultura, la transnacional tendría incluso el derecho a demandar al estado chileno  por el “daño moral” ocasionado por haberse visto obligadas a recurrir a estos “tribunales independientes”.
Pues bien, a esta trascendental decisión, una vez Boric más hizo las de Pilatos cuando declaró que “Es totalmente cierto que el TPP-11 no forma parte de nuestro programa, por lo tanto no es algo que desde el Gobierno estemos impulsando”.
A pesar de toda la ambigüedad de esta declaración, en el seno de su coalición Apruebo Dignidad, algunos dejaron crecer la esperanza que usaría de sus atribuciones presidenciales para por lo menos retrasar el avance de las discusiones del tema en el Senado.
Según la Constitución de Chile (aún vigente), en su artículo 32.15, es atribución especial del Presidente de la República « concluir, firmar y ratificar » tratados internacionales., a lo que hay que agregar lo que dice el Reglamento del Senado en cuanto a que: “el Presidente de la República podrá retirar, en cualquier momento, un proyecto de acuerdo aprobatorio de un tratado u otro instrumento internacional”.
Y ahí fue cuando les cayó el balde agua fría. En un a nueva declaración, Boric señaló que “el Senado tiene las atribuciones para ponerlo en tabla y tomar una decisión al respecto” .
De su lado, el ministro de Hacienda Mario Marcel argumentó para desestimar las denuncias en cuanto que la adhesión al tratado implica la entrega de parte de la soberanía a las transnacionales, aludiendo que el gobierno impulsaría la adopción de cláusulas especiales (side letters) para evitar que se aplique este tipo de mecanismo.
Teniendo en cuenta la moral con que se rigen las multinacionales, cabe preguntarse si se trata de optimismo, ingenuidad o simplemente de deshonestidad del ministro Marcel.
A la cuestión de principios, cual es la defensa de la soberanía de Chile, se agrega otra mucho más real y concreta en cuanto a las consecuencias que traería a corto plazo la aprobación del acuerdo por parte de la clase política repudiada por la inmensa mayoría de los chilenos.
Se trata de una situación dramática que están viviendo millones de chilenos con una inflación que ha aumentado un 14,1 por ciento en los últimos doces meses lo que traducido a la realidad cotidiana, significa una carestía mucho mayor de los productos de primera necesidad como los alimentos o el transporte.
En 2019, se logró detener la aprobación de este tratado mediante la movilización popular y hoy, apenas conocida la iniciativa senatorial y las vacilaciones presidenciales, han surgido movimientos y manifestaciones en diversas ciudades del país.
Como afirmó el historiador Gabriel Salazar (ver nuestro artículo), el pueblo chileno, en 200 años ha comprendido el poder de la lucha callejera.