Chile – Justicia

CORTE SUPREMA CONDENA A 59 EX AGENTES DE LA DINA ¿Y LOS COMPLICES E INSTIGADORES CIVILES, CUÁNDO?

Casi cincuenta años después, la justicia aplicada en la medida de lo posible dio un importante paso y envió (por fin) a prisión a 59 ex agentes de la policía secreta de Pinochet, la DINA, lo que hace pensar que habrá que esperar otro tanto para ver condenados a los instigadores y cómplices civiles de los crímenes cometidos por la Dictadura a través, entre otros, de ese organismo.
 Fue la Corte Suprema, es decir el más alto tribunal civil en Chile el que desestimó y revocó los fallos de instancias anteriores que habían absuelto a 60 ex agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia y ahora los condenó a penas que van hasta los 15 años de presidio.
Los acusados y ahora condenados participaron de diversas maneras en la llamada Operación Colombo.
Esta fue un montaje de comunicación mediante el cual se trató de hacer aparecer la muerte o la desaparición de 119 militantes de izquierda, principalmente del MIR, como muertos en el extranjeros en enfrentamientos con fuerzas militares o en lucha entre facciones.
Para este efecto se crearon en Brasil y en Argentina publicaciones que en ediciones que no fueron más allá de un solo número, daban detallada cuenta de tales supuestos enfrentamientos con los resultados de muerte de los militantes que, en la realidad, habían sido asesinados y hechos desaparecer en Chile por la DINA.
En Chile, los medios de la cadena de El Mercurio y el diario La Tercera se encargaron de de dar amplia publicidad a las informaciones entregadas por O Dia de Curitiba y LEA de Argentinas, las dos publicaciones fantasmas citadas como fuente, en una operación organizada desde la cabeza de la Dictadura por un siniestro personaje, periodista de La Segunda, Alvaro Puga, alias Alexis.
La sentencia pronunciada por la Segunda Sala de la Corte Suprema revoca la sentencia de la Corte de Apelaciones que había absuelto en este caso a algunos peces gordos de la DINA – César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga Neumann- y los condenó a una nueva pena de 15 años de presidio, por el delito de secuestro calificado.
Otros 53 agentes de la DINA, que habían sido absueltos por el tribunal de alzada de Santiago fueron condenados a una pena efectiva de 10 años y un día de presidio.
En declaraciones al Diario de la Universidad de Chile, Nelson Caucoto, uno de los principales abogados querellantes en este proceso, calificó la decisión del máximo tribunal como “un fallo trascendente en la historia judicial chilena”.
“La Corte Suprema ha restituido el sentido de justicia para crímenes de esta naturaleza, los que habían quedado literalmente en una situación de impunidad inaceptables”, agregó.
Sin contradecir lo afirmado por el abogado Caucoto, sin embargo es claro que este fallo es una ínfima acción de justicia que se refiere a individuos de primer orden en la ejecución de los crímenes de la Dictadura, pero siguen en una total impunidad, flagrante e inaceptable, los que en tanto funcionarios civiles fueron parte del aparato del Estado criminal.
Tampoco han sido inquietados, los cómplices de directos de todos estos crímenes, como son los medios de información que se prestaron para el montaje de la Operación Colombo, principalmente El Mercurio y La Tercera y los periodistas que se prestaron para esta acción
Del mismo modo, siguen impunes aquellos cómplices de los crímenes por los que hoy hay condena, por el hecho de haber participado en las acciones políticas implementadas por la Dictadura y que ahora, además pueden permitirse la desfachatez de ocupar cargos de relevancia en esta democracia de arreglines y cocinas, como son los casos de Hernán Larraín y de Juan Antonio Coloma.
En estos momentos, son estos dos los ejemplos más visibles de esta impunidad instituida, pero evidentemente no son los únicos, figurando entre los casos más relevantes los del que fue ministro del Interior, Sergio Fernández, vinculado directamente en razón de su cargo con las actividades de la DINA y de la CNI.
Asimismo figuran Sergio de Castro José Piñera, hermano del ex presidente Sebastián Piñera, que fue autor del Plan Laboral que terminó con toda la legislación social y laboral, Sergio de Castro y Hernán Bucci, claves en el implemento y desarrollo del sistema neoliberal o Francisco Javier Cuadra, acusado de cubrir y ocultar operaciones criminales y clandestinas de la CNI.
Al término de la Segunda guerra mundial, el Tribunal de Nuremberg, instalado para juzgar a los criminales nazis sentó un importante precedente y una jurisprudencia que ha servido de base para juzgar a otros grandes criminales desvirtuando argumentos recurrentes como la obediencia debida a una autoridad o la ignorancia de hechos cometidos por un organismo del cual se es parte.
Ahí está la herramienta, sólo basta la voluntad política para juzgar a los que en tanto cómplices son responsables de los asesinatos, violaciones, desapariciones, torturas cometidas durante la Dictadura antes de que, como fue el caso del propio Pinochet, de los tres de la Junta Militar o de otros como Sergio Onofre Jarpa, “hagan perro muerto” y se vayan sin pagar.