VOTAR O NO VOTAR… »THAT IS THE QUESTION »
por Pedro Alejandro Matta
Ha ido creciendo una controversia cada vez mayor entre quienes han manifestado que el próximo 7 de mayo anularán su voto o simplemente no se presentarán a votar, y quienes han decidido participar con su sufragio en la primera etapa de lo que se ha denominado “El Nuevo Proceso Constituyente”.
Aquellos que irán a sufragar y que se pronunciarán por alguno de los candidatos, acusan a aquellos que han decidido abstenerse o simplemente anular el voto de “ayudar a la derecha” en sus propósitos.
Algunos, incluso han ido más lejos y han acusado de “vendidos” a los que han dicho que anularán…
Yo no tengo dudas. Más más allá de calificativos que no son del caso considerar, respecto de las mejores intenciones que animan a quienes van a ir a votar.
Sin embargo, ¿Dónde se produce la distancia? ¿Cuál es la fractura que separa ambas posiciones?
El quiebre se da en que quienes irán a votar perciben diferencias sustanciales entre “la derecha” y su propio bando constituido por los partidos y por los candidatos que ellos apoyan.
Para los segundos, quienes han dicho anularán, no hay diferencias sustanciales entre unos y otros.
¿Cómo se produce esto?
La razón principal está ligada al “destape” del financiamiento ilegal de la política, que todos mantenemos en la memoria.
Allí donde rápidamente la clase política en su conjunto (desde moros a cristianos) operó para detener las investigaciones que se habían iniciado.
Aquellas que amenazaban con develar en su totalidad los, hasta ese momento, desconocidos e inéditos niveles de corrupción institucional y la identificación de todos los implicados, beneficiarios, y participantes.
Situación “crítica” donde la entonces presidenta Bachelet procedió a destituir al Director de Impuestos Internos que había denunciado los ilícitos al Ministerio Público y que había ingresado querellas contra “todo aquel que resultara responsable”.
Como una forma de evitar que el barco se hundiera, ominosamente y con toda la clase política a bordo, la Presidenta le pidió la renuncia al Director de Impuestos Internos y lo sustituyó por un sujeto que retiró las querellas y cambió otras por simples denuncias nominativas, que afectarían solo a los allí nombrados, a nadie más, y en grados mucho menores.
Fue también en este contexto que se procedió a nombrar a un nuevo Fiscal Nacional con el compromiso de este, de “acotar” los procesos, terminarlos a la brevedad, y hacer desaparecer de la esfera pública el conocimiento de los efectos del financiamiento ilegal de la política reduciéndolos al mínimo posible.
Del mismo modo, se sacó de sus funciones y cargos a los Fiscales que avanzaban en las investigaciones.
No se investigó a Soquimich, ni a Penta, ni a las pesqueras, ni a las farmacias, ni a un sinnúmero de grandes intereses corporativos y empresariales que habían contratado a senadores, a diputados, a ministros y subsecretarios de Estado, y altos funcionarios de la administración pública.
Estos recibieron sueldos suplementarios a los que oficialmente recibían, para que ayudaran en la tramitación de iniciativas para favorecer a esos intereses.
Se llegó al inédito de que en uno de los partidos de la coalición de gobierno se descubrió que la transnacional Soquimich estaba inscrita como militante regular,.
¿En donde terminó todo esto?
En un acuerdo político transversal donde el único pato de la boda (imposible salvarlo porque los documentos ya conocidos eran irredarguibles y acreditaban su responsabilidad) fue el Senador UDI Jaime Orpis.
Este, finalmente enviado a cumplir su condena en “reclusión domiciliaria” en su fundo en el Sur. Un castigo mucho más duro de aquellos que fueron condenados a “clases de ética” y que nunca se supo si asistieron a ellas.
Los niveles y extensión de la corrupción de la clase política han sido recientemente actualizados con los datos ahora conocidos respecto a la malversación, apropiación indebida, lavado de activos, y otras figuras delictivas que comprometen a ex alcaldes y actuales alcaldes en decenas de comunas del país, entre ellas, las más ricas y con mayores recursos.
A esto se suman el Pacogate, el Milicogate, y el procesamiento por malversación de fondos, lavado de activos, apropiación indebida, etc, que hoy afecta a todos los ex Comandantes en Jefe del Ejército que asumieron el cargo después de Pinochet-
Una corroboración más de los grados de corrupción y de desvergonzada “cocineria” por parte de una clase política cuya legitimidad ciudadana está por debajo el 6 %.
De allí entonces que la diferencia entre quienes irán a votar y quienes irán a anular su voto es que los segundos creen que los niveles de corrupción de la clase política, que envuelve tanto a “la derecha” como al resto, obliga a la anulación del voto el 7 de mayo.
Deslegitimar el fraude y, en lo posible, barrer con la corrupción enquistada en el gobierno y en el parlamento constituye una tarea ineludible, patriótica, indispensable y urgente.
Y la primera fase de ese proceso de reemplazo de la corrupta clase política es votar nulo, rechazando el fraude anti democrático del 7 de mayo.
En este, los partidos políticos y sus militantes, que equivalen al 4 % del padrón electoral, han secuestrado y se han apropiado de un proceso constitucional que debería ser democrático y representativo, y han dejado fuera de toda participación significativa al 96 % de los electores.
Esa es la diferencia entre ambas posiciones.
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