Chile – Jueza Rutherford -Fuerzas Armadas

HASTA EL ULTIMO DÍA, ANTES DE DEJAR SU CARGO, JUEZA ROMY RUTHERFORD LIBRÓ COMBATE CONTRA MILICOS LADRONES Y CORRUPTOS

Demostrando su voluntad de perseguir y procesar a todos los que resulten implicados, cualquiera fuese su grado, en el caso por corrupción y desfalco dentro del Ejército, conocido como “Milicogate”, la jueza Romy Rutherford, en el último día de sus funciones, inició un nuevo proceso por malversación de caudales públicos por más de 5.100 millones de pesos, contra el ex comandante Juan Emilio Cheyre.
A este nuevo proceso contra Cheyre, se le agrega también el delito reiterado de falsificación de documento público. por declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República, entre 2003 y 2005.
El pasado lunes 21 de agosto, la Corte Suprema de Chile, en una decisión adoptada en voto dividido retiró de la investigación en el caso por corrupción en el seno del Ejército (Milicogate) a la jueza Romy Rutherford, que esta llevaba a cabo desde el 2017 y que había significado, entre otros, el procesamiento de cuatro altos generales.

La jueza Romy Rutheford pasará sin duda a la historia como ejemplo de probidad y valentía y por ser aquella que atacó la tradición de corrupción en el Ejército, acentuada y protegida desde el Golpe de Estado de 1973, cuando gracias al terror impuesto, se instalaron y ampliaron los mecanismos para robar y estafar fondos públicos en total impunidad.
Desde marzo de 2017, cuando inició las investigaciones por fraude dentro del Ejército, la magistrada encausó por malversación de fondos por un total de 14.300 millones de pesos, a 68 uniformados entre los cuales algunos del más alto vuelo, como los generales Oscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, además de pronunciar otras 12 condenas, en lo que se llamó el “Milicogate”
En una decisión nada más normal y legal, como todas las que debe adoptar el máximo tribunal chileno, a saber la Corte Suprema, esta rechazó una solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que Rutheford continuara durante seis meses más en su trabajo en los casos señalados.
En su demanda, el CDE hizo notar que la jueza ““sólo entre el 1 de enero y el 18 de agosto, ha tomado 103 audiencias entre declaraciones y careos; ha practicado 12 incautaciones, tanto en dependencias del Ejército como en empresas particulares, y ha despachado órdenes de investigar y/o instrucciones particulares para ser diligenciadas por la Brigada Investigadora Anticorrupción.”, añadiendo que “a la fecha existen 67 órdenes de investigar e instrucciones particulares pendientes de entrega”.
Debido al celo puesto en sus investigaciones y a los resultados que estos fueron dando, Rutherford sufrió innumerables amenazas y presiones, incluso de parte de personal del Ejército, convirtiéndose en autoridad a riesgo, por lo que debió ser escoltada por personal policial.
También debió enfrentar al Tribunal Constitucional por demandas hechas por algunos de los acusados.
El retiro de Romy Rutherford  de la investigación de los fraudes en el Ejército significará, de todas maneras, un retardo y una prolongación de los procesos hasta plazos que es difícil de prever, pues su remplazante, la jueza Ana Osorio, que algunos consideran sin mucha experiencia, deberá estudiar el trabajo acumulado durante casi siete años.
 De todas maneras, las voces que circulan en el ambiente judicial estiman que el cambio traerá rápidos cierres de causas en curso, modificaciones en la presentación de los fundamentos de los procesos e incluso penas rebajadas y condenas menos severas.