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Militarización de Wallmapu: la técnica del ratero

Pura coincidencia si el martes 12 de octubre, en vísperas de la presentación en la Cámara de Diputados de la acusación constitucional en su contra, Piñera firmara el decreto que establece el “Estado de Excepción” en las provincias de Bío Bío, Arauco, Cautín y Malleco.

Después de acumular durante cuarenta años un nutrido prontuario, muy a menudo gracias a la complicidad de las instituciones del sistema, Piñera pudo no sólo mantenerse en la impunidad, sino ser elegido en dos ocasiones Presidente de la República.

Merecería casi una reverencia.

Las revelaciones hechas por un consorcio mundial de periodistas independientes en los llamados Pandora Papers, en las que aparece comprometido en la transacción de la mina Dominga, a condición de dejar expuesta la zona vecina a un desastre ecológico, podría haber sido una notación más en su prontuario y haber quedado él, una vez más, “libre de polvo y paja”.

Pero no. Aunque parezca paradójico, se encuentra ahora enfrentado a la justicia y a la posibilidad de ser inhabilitado en su cargo de Presidente de la República, de ser luego despojado de la inmunidad de que goza como tal y, verse obligado a asumir los innumerables cargos que pesan sobre él, no sólo por cuestiones de fraudes, sino también por todas las violaciones de los derechos humanos, sobre todo durante su segundo y actual mandato.

En la circunstancia, cabría preguntarse si acaso las instituciones de la República, que ahora lo acusan, se volvieron virtuosas y se decidieron por fin atacar la corrupción generalizada que reina en su propio seno y hasta el más alto nivel.

Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que se produjo un cambio importante y este no vino por obra y gracia de las propias instituciones, cuyos miembros, un buen día se habrían despertado con el firme propósito de ser honestos y denunciar y combatir la corrupción.

Si en el caso Piñera y sus negocios denunciados por los Pandora Papers, hubo en la Cámara de Diputados acuerdos, que no se produjeron antes, para llevar adelante una acusación constitucional, es porque desde hace exactamente dos años se ha hecho presente un nuevo poder.

Reprimido, violentado, asesinado, encarcelado, calumniado ese poder sigue ahí, presente y seguramente muy inquisitorio en la mente de algunos de los diputados, sobre todo en aquella de los que en noviembre de 2019, en pleno estallido social, con Piñera con el agua al cuello, le lanzaron el salvavidas del “Acuerdo por la paz y la Constitucion”.

Hoy, Piñera se encuentra con el agua aún más arriba del cuello, con algunos de su propio bando que lo llaman a dar explicaciones y con el candidato presidencial de su campo, Sebastián Sichel, también implicado en un caso grave de corrupción.

Arrinconado, Piñera está dispuesto a todo, incluso a provocar un enfrentamiento y una matanza, para tratar de ganar tiempo y tener una posibilidad, aún la más mínima, de salvar el pellejo.

Como es de imaginar, esto no tiene nada que ver con la firma, el martes 12 de octubre, del decreto que, eludiendo un anterior dictamen de la Contraloría, establece el Estado de Excepción en una importante zona del territorio mapuche.

Piñera sabe que en la zona cuenta con una muy importante clientela política de propietarios, empresarios y milicias de extrema derecha con la que puede contar como último apoyo. El envío de un contingente militar, agregado a aquel no menos importante de fuerzas especiales de Carabineros, está destinado a confortar estos, sus seguidores.

Pero y, lo que es más grave, es una grave provocación para las comunidades mapuches en lucha por sus derechos.

En medio de esta tensión exacerbada al máximo por la presencia militar, cualquier mínimo incidente puede degenerar en un enfrentamiento, tanto más si produce trágicas consecuencias, creará un espectacular foco de interés que desviaría la atención.

Cualquier experto dirá que hay una técnica elemental de los delincuentes de cualquier nivel, desde el punga o el carterista de poca monta hasta el estafador de más alto vuelo. Esta es la de distraer la atención de la víctima o de los eventuales testigos, para actuar o, llegado el caso, escapar con toda impunidad.