Chile – Yañez

EL IMPUTADO RICARDO YÁÑEZ, MÁXIMO JEFE POLICIAL,“TIENE TODO EL RESPALDO DEL GOBIERNO”, SEGÚN SU ABOGADO

 El General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, citado para ser formalizado el 7 de mayo próximo, imputado por violación a los Derechos Humanos, “tiene todo el respaldo del Gobierno”, según su abogado defensor, afirmación frente a la que el presidente Gabriel Boric, se limitó a responder que “las conversaciones privadas no se comentan públicamente”.
Así, sin desmentir formalmente una afirmación tan rotunda como la expresada por el abogado Jorge Martínez, Boric dejó en claro una vez más que la política, la economía, la justicia y todo lo que puede ser de interés para todos los chilenos, se puede tratar en privado y entre gallos y medianoche (por ejemplo, a través de un “lobby”), según la importancia de los interesados.
El caso del general Ricardo Yáñez es excepcional pues estando imputado en casos tan graves como las violaciones a los Derechos Humanos, ha desafiado abiertamente a la Justicia, negándose en cinco oportunidades a declarar ante la Fiscalía y por fin guardar silencio al presentarse ante ésta.
Más aún, Yáñez se ha permitido cuestionar la acción de los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong, encargado de investigar el caso en que aparece comprometido, acusando, sobre todo a esta última, de razones personales en su contra y contra Carabineros para hacer presión a fin de obtener sea removida de su cargo.
En tanto Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, cargo que desempeñaba durante el estallido social, y dentro de la cadena de mando, Yáñez aparece como responsable del dramático balance de la acción policial: 34 muertos, 460 personas con lesiones oculares, algunas con pérdida total de la vista y 8.827 denuncias por eventuales violaciones de los DDHH.
Más aún, según CIPER, la investigación llevada a cabo por los fiscales Armendáriz y Chong, permitió comprobar que el número de sumarios iniciados contra funcionarios de Carabineros en el contexto de las manifestaciones era falso y había sido notablemente inflado.
Del mismo modo quedó en claro que, si bien el ministerio del Interior dio instrucciones para que hubiese sumario cada vez que había denuncia contra Carabineros, esto no fue acatado tal como correspondía.
Todo esto no le impidió alcanzar, en 2020 la más alta jerarquía de la policía uniformada chilena, cargo desde el cual y confiando en la protección de alguna buena estrella de lo alto del firmamento, actuó en abierto desafío a la autoridad del Estado, aprovechando circunstancias excepcionales para presionar a estas para obtener sus objetivos.
Tal fue el caso en marzo del año pasado, luego de la muerte en Concepción de un cabo de Carabineros, cuando sobrepasando abiertamente sus atribuciones entró en franco proceso de deliberación, pronunciándose para que Carabineros actuara al margen de la ley.
 “Invitando” a todos los parlamentarios para que legislaran para darle a Carabineros las herramientas para enfrentar la delincuencia, requirió el que “estos puedan tener la certeza de que lo que van a hacer no será cuestionado ni por el Ministerio Público, ni por las autoridades, ni por nadie”.
Esta posición, que en cualquier país serio y civilizado le habría significado sino un proceso, al menos la destitución inmediata de su puesto, mereció un suave y tierno tironcito de orejas de parte de la ministra del Interior, Carolina Tohá, a cambio de explicaciones que nadie creyó, pero que todos aceptaron.
La muerte, poco después, de una suboficial de Carabineros, en la localidad de El Belloto, en la Quinta Región, vino a punto para que el llamado hecho por Yáñez a los legisladores tuviera eco positivo no sólo en estos, sino en el propio Gobierno con la promulgación de la Ley Nain-Retamal o “De gatillo fácil”, que dio a Carabineros amplias facultades para matar.
Como pedía Yáñez.
El 7 de mayo próximo, junto a Ricardo Yáñez, además deberán presentarse ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el ex director general de Carabineros Mario Rozas y el general en retiro y exsubdirector Diego Olate, por su presunta responsabilidad como altos mandos de la institución en hechos de violación de los DDHH.
En toda lógica y siempre en la hipótesis de tratarse de un país serio y civilizado, la responsabilidad por las muertes, mutilaciones graves, agresiones y todo tipo de abusos cometidos durante el estallido social de 2019, debería alcanzar también a toda la jerarquía civil en ese momento, el decir a los ministros del Interior y al propio Sebastián Piñera.
A este último respecto, también en ese momento, un joven diputado, un cierto Boric Gabriel declaraba enfático: “Sepan que quienes sean responsables los vamos a perseguir nacional e internacionalmente con todas las vías de la ley. Así que señor Piñera está avisado…”
Y para que no quedaran dudas, el mismo joven Boric Gabriel manifestaba: “Refundar Carabineros ahora. Lo hemos exigido hace más de un año”.
Expresiones públicas y no privadas, como las de ahora, las de un cierto Gabriel Boric.