Como decía un cornudo:
“ESTO A MI NO ME VA, NI ME VIENE,PUES SÓLO LE OCURRE A LOS OTROS”
por Fernando Maignant y Pedro Alejandro Matta
El ataque por parte de delincuentes armados contra una estación de televisión “en vivo y en directo” y luego, el asesinato del propio fiscal que investigaba el caso, fueron los hechos culminantes que dejaron en evidencia ante el mundo la dramática situación de inseguridad del Ecuador, un país y una sociedad corrompidos y sometidos al control de bandas armadas de narcotraficantes.
Sin embargo y lo que parece increíble, es que nadie a nivel latinoamericano o, incluso al interior del propio Ecuador, parecía haber tomado antes conciencia cabal de la situación, a pesar de los más que innumerables signos que anunciaban la inminencia de la realidad que se vive ahora.
En lo concreto y como ejemplo, los medios chilenos informaban poco o nada de la actualidad ecuatoriana, aparte por supuesto cuestiones relativas a la inmigración, en la medida que este tema es de particular interés en Chile.
Sin embargo y guardando todas las proporciones, la situación de inseguridad en Ecuador hasta los niveles que ha alcanzado en este momento, por sus características y lo que aparece como sus orígenes, debería ser objeto de la mayor preocupación e interés de análisis, no sólo de las autoridades sino también de la opinión pública chilenas.
Un cuadro de la situación actual en Chile podría establecerse sobre la base de situaciones y hechos como los siguientes:
Una inmigración descontrolada, sin identificación de los inmigrantes y en consecuencia, sin saber sobre eventuales prontuarios, ni sus calificaciones o capacidades técnicas y/o laborales, y sin un formal conocimiento sobre la condiciones laborales y de futura residencia en el país.
La presencia del crimen organizado bajo forma de sicariato, narcotráfico, toma de barrios y arriendo de espacios públicos, secuestros, comercio y esclavitud sexual y la presencia de mafias como el Tren de Aragua (y sus varias ramificaciones) de Venezuela; el Cartel de Sinaloa (México); el Cartel Jalisco Nueva Generación (México), el Clan del Golfo (Colombia); los Pulpos (Perú); los Espartanos (Colombia); Nueva Generación (Perú); los Orientales (Venezuela); los Valencianos (Venezuela); Bang de Fujian (China); los Chotas (Colombia); entre las que se conocen.
Infiltración de organizaciones criminales en la gestión política, hasta límites aún por descubrirse, como fue el caso del ex alcalde (PS) de la comuna de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera.
La acción de bandas juveniles dedicadas a los “portonazos” y robo de automóviles; bandas de “motochorros”, dedicadas al robo de celulares, al asalto de personas que circulan en bicicletas de alto precio, o que abandonan recintos bancarios con importantes sumas de dinero o pasajeros de hoteles y restaurantes que portan objetos personales de gran valor.
Todas estas manifestaciones delictuales afectan principalmente a una ciudadanía que, culturalmente, no estaba preparada psicológicamente para enfrentar delitos y crímenes en escenarios que no se conocían en Chile.
Pero, hay otras, tanto más graves porque ponen en cuestión no sólo la seguridad sino la democracia misma en la medida que comprometen la institucionalidad del Estado, a sus agentes y a la ya de por sí desprestigiada clase política.
Son los llamados delitos de cuello blanco, como el “caso Luis Hermosilla y Cia” o el de Democracia viva, además de aquellos nunca resueltos de financiamiento ilegal de la política, enterrado a través de un acuerdo transversal de la clase política (presidenta de la República, senadores, diputados, ministros de Estado, Fiscal Nacional) para evitar el derrumbe del sistema.
A estos se agrega uno actualmente en plena vigencia, como es el del “lobby”, de reuniones secretas entre ministros de Estado y empresarios, bajo el auspicio de un sujeto comprometido en un asunto de financiamiento ilegal de la política.
En este contexto de corrupción aparece también implicado el Ejército y Carabineros de Chile, este último incapaz de responder eficazmente a la delincuencia desatada y cuya máxima autoridad, además de estar imputado por violación de los DDHH, se ha permitido desafiar a la justicia o tener actitudes al límite de la deliberación.
Frente a todas estas situaciones, los tribunales de justicia se han mostrado incapaces o gravemente cuestionados en sus respuestas a las expectativas de la ciudadanía.
Las condenas a seguir clases de ética o a pagar multas que representan un ínfimo porcentaje de lo obtenido ilegalmente, a lo que se agrega ahora el veredicto mínimo de arresto domiciliario, pronunciado contra la ex alcaldesa de Maipú, imputada por una malversación de 31 mil millones de pesos, son ejemplos de esta situación.
Todo esto, que podría parecer exagerado y explicarse por la influencia de la derecha a través de todos los medios que controla. Si bien hay una interpretación distorsionada, existe un fundamento real que es la contradicción en el seno del Gobierno y el Estado, entre lo que se pregonaba como valores de ética política y lo que es la realidad de su acción.
En resumen, la progresiva pérdida de legitimidad del actual gobierno, debido a su ineptitud, su ineficiencia y/o su corrupción no puede sino facilitar la degradación de la institucionalidad y la democracia, afectando en primer término la seguridad, tal como lo percibe la ciudadanía.
¡Es terrible lo que ocurre en Ecuador!
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