Chile – Justicia – Operación Afa Carbón

LA JUSTICIA TARDA, PERO LLEGA… SIEMPRE ATRASADA, MIENTRAS LOS CRIMINALES SIGUEN ESTANDO BIEN PAGADOS

Los que, con mucha ingenuidad y ligereza se van por ahí repitiendo que “la Justicia tarda pero siempre llega” deberían considerar  que en Chile, a menudo antes que esta llegue, puede permitir a un criminal gozar hasta el fin de su vida de la más completa impunidad, con cuantiosas pensiones pagadas por todos los chilenos, habiendo sido condenados, encarcelados o, inclsuo de si se han fugado.
A comienzos del mes de marzo pasado, la Corte Suprema confirmó una condena a 20 años de cárcel para Marcos Derpich Miranda, brigadier del Ejército, jefe de la División Regional de la CNI, organismo represivo del cual después fue vicedirector entre 1988 y 1990.
Los cargos que pesaban sobre Derpich eran los de homicidio calificado de siete militantes del MIR y de asociación ilícita, en un proceso que también condenó a otros diecisiete agentes de la dictadura de Pinochet que participaron en llamada “Operación Alfa Carbón”.
Durante esta operación dirigida por Derpich, donde participaron un centenar de agentes, fueron ejecutados entre el 23 y el 24 de agosto de 1984, los militantes del MIR Nelson Herrera, Mario Lagos y Luciano Aedo, en Concepción; Mario Mujica, en Los Ángeles; y Rogelio Tapia, Raúl Barrientos y Juan José Boncompte, en Valdivia.
Poco después de ser condenado y antes de que la policía fuera a buscarlo a su domicilio, Marcos Derpich se suicidó, aludiendo un ridículo gesto de honor militar, después de haber vivido durante 40 años en la más completa impunidad, como lo hicieron notar los familiares de sus víctimas en una declaración pública
 “Marcos Derpich gozó de espléndida libertad, y pensión onerosa, durante cuatro décadas, al igual que los demás condenados. Durante este mismo período, las y los familiares de los miristas asesinados hemos perseguido verdad y justicia, empujando junto a nuestras abogadas, un engorroso y largo proceso judicial que pueda establecer la verdad de los hechos y la aplicación de condenas justas”, expresaron, antes de preguntarse:
“¿Es justicia, un proceso infinito que ha durado más de la mitad de nuestras vidas, para las esposas; y la vida completa de los hijos y las hijas?”.
En un proceso anterior, en agosto de 2023, la Corte Suprema confirmó la condena de seis agentes de la DINA – Guillermo Salinas Torres, Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann, Juan Morales Salgado, Patricio Quilhot Palma y Pablo Belmar Labbé – acusados del asesinato del diplomático español Carmelo Soria, perpetrado en 1976.
Dos meses después de pronunciada la sentencia y cuando por fin la policía se decidió de ir a buscar a los condenados, Salinas Torres, Quilhot Palma y  Belmar Labbé habían desaparecido, siendo su paradero hasta ahora desconocido, pero no así los 40 millones de pesos en total, que los criminales han seguido recibiendo por concepto de pensiones a través de terceros.
Según el diario digital Interferencia, que citó al periodista Andrés López Awad, hasta ahora, Salinas Torres había recibido sumas de $14.394.724 millones; Belmar Labbé, $23.799.744; y Quilhot Palma, $11.372.034 millones. 
El caso de estos tres criminales prófugos no es nada excepcional si se considera que Miguel Krassnoff Martchenko, con condenas que suman varios cientos de años por secuestros, asesinatos, torturas y desaparición de personas, recluido en Punta Peuco, sigue recibiendo cada mes 2.681.543 pesos de pensión en tanto ex brigadier del Ejército.