ESTADO CHILENO CONDENADO POR VIOLAR DERECHOS DE MAPUCHES DURANTE EL GOBIERNO DE PATRICIO AYLWIN
El 21 de noviembre recién pasado, la Corte interamericana de Justicia condenó al Estado chileno por violación de los derechos humanos de al menos 144 mapuches en hechos ocurridos en 1992, durante la administración de Patricio Aylwin.
Según la resolución, el Estado es responsable de transgredir derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la libertad de expresión y asociación, la igualdad y no discriminación, y el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas.
En el documento condenatorio se afirma que el proceso penal estuvo marcado por « sesgo discriminatorio, prejuicios y la idea preconcebida de ilegitimidad » hacia el Consejo de Todas las Tierras y comunidades mapuche.
Igualmente, señaló que estas acciones configuraron la criminalización de protestas pacíficas en demanda de « soluciones a los reclamos permanentes relacionados con la problemática agraria que ha afectado al Pueblo Mapuche », según añade el documento.
Este caso tiene sus orígenes en 1989, cuando se anunciaba la “llegada de la alegría”, ocasión en que el entonces candidato presidencial de la Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Aylwin, se comprometió con organizaciones mapuche, huilliche, aymará y rapa-nui en el reconocimiento constitucional, en lo que se llamó el Acuerdo de Nueva Imperial.
El Consejo de Todas la Tierras (Aukiñ Wallmapu Ngulam -AWNg), una de las principales organizaciones mapuches se marginalizó del acuerdo.
Aparte de una serie de medidas generales en beneficio de los pueblos originarios, el acuerdo también proponía un nuevo estudio del proyecto de represas hidroeléctricas en el alto Bío Bío para “asegurar que su ejecución no afecte negativamente a los pueblos mapuche pehuenche que allí habitan ni a su medio ambiente”.
El problema es que Aylwin olvidó señalar que, en conformidad con su doctrina, todas estas promesas se cumplirían “en la medida de los posible”.
Fue así como en mayo de 1990, el ministerio de Economía autorizó la construcción de la central hidroeléctrica Pangue, primera etapa de una serie de otras seis entre las cuales la de Ralco, todo lo cual significó no sólo el desconocimiento del acuerdo sino también el consiguiente perjuicio para los pehuenches habitantes en el sector.
Frente a esta situación, el Consejo de Todas la Tierras promovió la recuperación de tierras de 18 comunidades y se invitó al gobierno a recibir la bandera mapuche Wenufoye, siendo la respuesta 11 querellas impulsadas por el entonces intendente de la Araucanía, Fernando Chuecas y el ministro del Interior, Enrique Krauss.
Estas acciones llevaron a la detención de más de 140 personas, entre ellas Aucán Huilcamán Paillamán, quien permaneció seis meses privado de libertad.
Frente a esta situación, en septiembre de 1996, el Consejo de Todas las Tierras presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero fue sólo en octubre de 2023 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó la audiencia respectiva, proceso que culmina ahora con la condena del Estado chileno.
En razón de la sentencia, el Estado chileno deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, difundido en medios de comunicación “de amplia circulación nacional, tanto en español como en idioma mapudungun” y publicarla en un sitio web oficial.
Además, deberá adoptar medidas de reparación contra los afectados por la condena de 1992, las que incluyen dejar sin efecto las sentencias respectivas y eliminar de los registros públicos todo antecedente penal, policial u otra información asociada al proceso judicial objeto de la condena internacional.
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