Chile – Boric -Ley Antiterrorista

ÉRASE UNA VEZ EN 2017, UN GORDITO Y BARBUDO DIPUTADO QUE PROCLAMABA: “¡ BASTA DE LEY ANTITERRORISTA !”

En 2017, había un gordito diputado, muy fogoso, llamado Gabriel Boric, el que lucía a menudo camisetas, algunas de ellas amarillas (quizás un signo premonitorio), con consignas como “No al TPP11” o “No + AFP”, el que pronunció una de esas frases para poner en una placa de bronce al pie de su estatua después de su muerte: “Basta de ley Antiterrorista, gobierno de Chile, por favor no esperemos que muera un huelguista”.
Ahora, un gordito presidente de la República también fogoso, llamado Boric Gabriel, promulgó y celebró una perfeccionada, modernizada y nueva ley Antiterrorista, aprobada con el apoyo de la derecha y que remplaza aquella dictada por Pinochet y, que, con nuevas herramientas legales y tecnológicas, da posibilidades para mejor criminalizar las protestas sociales y las reivindicaciones mapuches.
A los mal pensados que le hacen el juego a la derecha y andan diciendo por ahí que aquel muchacho, como muchos de los que ahora están en el gobierno y otros viejos revolucionarios, fueron afectados por una epidemia de ictericia, la inefable ministra del Interior, Carolina Tohá, les dio la respuesta:  se trata de “combatir con más eficacia la violencia”.
Así, con la “chiva” de combatir la “violencia”, esa que es el tema principal y cotidiano de todos los escandalosos noticiarios de la mediocre televisión chilena, se ha creado en realidad todo un aparato legal y se han implementado los medios materiales con el ojo puesto frente a toda manifestación social, como la de 2019, o a las históricas reivindicaciones en el Walmapu.
Evidencia clara de esta intención es el artículo 1º de la ley en que se define el terrorismo y que dice será considerado como tal cualquier acto “cometido con la intención de causar temor en la población o en un sector de ella”, lo que, como es fácil entender, queda sujeto a la más amplia interpretación de las autoridades.
De este modo, cualquier manifestación por mejores condiciones de trabajo podría así ser considerada como un acto terrorista si las autoridades del Estado estiman que ha causado temor en parte de la población, como puede ser, por ejemplo, el directorio o los accionistas de una multinacional.
Del mismo modo, el artículo 4º establece penas de hasta 20 años para los que sean considerados como parte de una “asociación terrorista” sin explicitar las características que la definen, dejando abierta la posibilidad de asimilar a esta cualquier organización política o sindical disidente que cuestione las normas impuestas por el Estado, sea cual sea el carácter de este.
En un pasado no muy lejano los servicios de inteligencia del Ejército chileno espiaron de manera totalmente ilegal las actividades profesionales de varios periodistas, situación que mediante la nueva ley, estará permitida y mejorada mediante el uso de técnicas de vigilancia masiva, como el IMSI Catcher, que permite interceptar comunicaciones telefónicas móviles y, ampliando las posibilidades de intervenir las redes sociales para vigilar constantemente a militantes o dirigentes considerados como eventuales “terroristas”.
Durante los procesos iniciados en estos casos de “terrorismo” también se ampliará el uso de testigos anónimos o protegidos, como los que en el pasado han servido para la falsificación de pruebas y montajes, como fue el caso de la operación “Huracán”.
Esta nueva ley es promulgada en momentos en que el Gobierno ha impulsado la compra, entre otros materiales, de nuevos drones de vigilancia para reforzar la militarización del Walmapu, consolidando el estado de excepción, implementado el 18 de mayo de 2022, apenas 66 días después de iniciada la gestión como presidente de la República de aquel que otrora fue un joven, gordito, barbudo y fogoso diputado que proclamaba “Basta de ley Antiterrorista, gobierno de Chile, por favor no esperemos que muera un huelguista”: Gabriel Boric.
Esta situación excepcional, que deja sin efecto números derechos civiles y constitucionales que protegen a los ciudadanos, acaba de cumplir mil días de vigencia, con el agregado ahora del toque de queda con el pretexto de los incendios forestales, atribuidos sin prueba alguna por la inefable ministra Tohá, a las organizaciones mapuches.