ABOGADAS DE HÉCTOR LLAITUL DENUNCIAN AVANCE HACIA ESTADO POLICIAL Y MILITARIZADO EN WALLMAPU (1ª parte)

Las abogadas que representan al dirigente mapuche Héctor Llaitul en la reciente denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtieron sobre lo que estiman es un avance hacia un Estado policial, militarizado e incluso dictatorial en la macrozona sur o Gulumapu, la parte chilena del Wallmapu.
Héctor Llaitul, líder mapuche fundador de la Coordinación Arauco Malleco, está condenado a un total de 23 años de prisión en virtud de la Ley de Seguridad Interior del Estado acusado de apología a la violencia, el primero en ser condenado por este cargo después de la Dictadura, además de otras acusaciones de delitos comunes
En una entrevista con el portal Voces en la lucha, las abogadas de Llaitul, Josefa Ainardi y Victoria Bórquez, entregaron amplios detalles de la situación judicial del dirigente y de la presentación de tales antecedentes ante la CIDH.
En primer término, las defensoras señalaron las razones que determinaron el recurso ante una instancia internacional.
“Hemos agotado las vías nacionales o internas sin tener una respuesta favorable o una conclusión que nos deje tranquilos como defensa, tanto así como al lagmien Héctor Llaitul. Confiamos más en el derecho Internacional de los Derechos Humanos, específicamente en los procesos interamericanos que se han llevado a efecto en esta región del mundo”, explicó en primer término Josefa Ainardi.
“En ese sentido, una vez que se agotan las vías internas sin resultados favorables a nuestras pretensiones, lo que queda es recurrir a la instancia internacional. En este caso el primer paso es la denuncia ante la Comisión Interamericana de DDHH porque entendemos que han sido vulnerados los derechos humanos de nuestro representado D. Héctor Llaitul Carrillanca”, agregó.
Destacando que los derechos de los pueblos indígenas son constitutivos de derechos humanos, de acuerdo al Catálogo Internacional de Derechos Humanos, la defensora hizo notar que “vamos a agotar los recursos y toda instancia procesal o judicial tanto a nivel interno como a nivel internacional, que es lo que estamos haciendo ahora con la denuncia que hemos presentado el día 29 de enero”.
Refiriéndose a los delitos que se atribuyen al dirigente mapuche, Josefa Ainardi hizo una diferencia entre lo que corresponde a hechos políticos y a delitos comunes.
En el primer caso, se trata de aquellos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado que en el caso concreto fueron dos delitos, pero tres hechos. Uno de ellos está estipulado en el artículo 6 letra C de la Ley de Seguridad del Estado de Chile como delito por incitación a la violencia. Y en ese mismo artículo letra F de la misma ley por delito de apología de la violencia por otros dos hechos. Por ello está condenado a 15 años.
También fue condenado por delitos comunes como el hurto de madera, por lo que tiene una pena de 5 años de prisión efectiva, dos delitos de usurpación de tierra, por lo que fue condenado a penas de multa y un delito de atentado contra la autoridad, condenado por ello a 3 años de pena efectiva.
Descontando los delitos de usurpación en los que fue condenado a multas, suma un total de 23 años de condena efectiva de cárcel, según detalló la abogada.
(Continuará en nuestro próximo número)
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