Chile

A ULTIMA HORA, EL GOBIERNO DE PIÑERA PRETENDE INTERES POR VICTIMAS DEL TRAFICO DE NIÑOS DE LA DICTADURA

Entre 1973 y 19909, unos 20.000 niños chilenos fueron robados a sus padres para ser entregados en adopción en países de Europa y en Estados Unidos, en un criminal tráfico implementado por la dictadura militar de Pinochet, para tratar de contrarrestar el aislamiento que enfrentaba en razón de las violaciones a los derechos humanos.

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A comienzos de este año y a menos de dos meses de terminar su mandato, en uno de sus intentos por tratar de dejar algo positivo, el gobierno de Piñera anunció un plan para localizar a cientos de víctimas del robo y tráfico de menores, implementado por la dictadura de Pinochet mediante un sistema de adopciones ilegales.

Con el mismo cinismo con que negó sus vínculos con la Colonia Dignidad, el ministro de Justicia Hernán Larraín habló de “colaborar con aquellas personas cuyos hijos fueron adoptados en forma irregular o fueron inscritos de manera falsa, quitándoselos a sus madres y a sus padres, haciendo actos verdaderamente vejatorios de la dignidad humana ».

Este escándalo, que había sido denunciado en Chile en numerosas ocasiones por las propias víctimas, había determinado en 2017, por parte de la Corte Suprema, el nombramiento del juez Mario Carroza a para investigar el caso.

En octubre del año pasado, en Suecia país donde fue a parar buen número de estos niños, en el marco de una acción diplomática de la Dictadura chilena para romper su aislamiento, el diario Dagens Nyheter que ya en los años 70 había informado sobre los horrores de esta, entregó detalles de este criminal tráfico de menores, al tiempo que el gobierno sueco anunciara la creación de una comisión de investigación.

A fines de diciembre pasado la agrupación Hijos y Madres del Silencio (HMS), que apoya a las víctimas de adopciones ilegales y de tráfico de niños en Chile, celebró su segundo congreso internacional, ocasión en que se puso el acento en la necesidad de incrementar la denuncia de esta situación y de desarrollar un sistema de pruebas de ADN.

Fue en este contexto que el gobierno, en la persona de Hernán Larraín, anunció en una ceremonia del tipo espectáculo para la galería, el plan piloto al respecto, lo que le valió ser inmediatamente interpelado por integrantes de la organización Hijos y Madres del silencio.

En un comunicado público, la organización indicó rechazar el plan impulsado por el ministerio de Justicia, cuestionando la manera como se han organizado y administrado los antecedentes genéticos (ADN) de las víctimas y la falta de transparencia en la entrega de fondos para encargar a una determinada ONG una acción que es deber del Estado.

A este respecto, HMS dio a conocer que el plan del gobierno implicaba fondos para comprar kits para tomar muestras de ADN que serían tratadas a nivel internacional, sin ofrecer las condiciones necesarias para la creación de un Banco nacional de huellas genéticas de ADN, solicitado después de las conclusiones de la Comisión especial de la Cámara de diputados y diputadas el año 2019.

La organización destacó también que el tratamiento de los datos a nivel internacional implicaba la participación de empresas privadas, lo que no daban garantías en cuanto a la utilización y al respeto de las normas de confidencia.

Hijos y Madres del Silencio también cuestionó el contrato entre el Estado y la ONG “Nos buscamos” para delegar a esta última el trabajo de investigación y búsqueda de víctimas de esta situación que es y debe ser resorte de las autoridades.

A este respecto denunció que Nos Buscamos, “cuya gestión ha sido cuestionada por organizaciones de chilenos adoptados en Suecia, ya ha recibido $181.680.000 en fondos estatales, asignados durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, además de diversas subvenciones de municipios y la Subsecretaría de Hacienda y, exigió además al ministro Hernán Larraín “una investigación exhaustiva y una auditoría a esta ONG”.

Por último, HMS exigió en su declaración la “restitución y difusión del Banco de Huella Genética nacional; el otorgamiento de mayores recursos al Poder Judicial para el avance de las causas vinculadas a ésto y, lo más importante, la creación de la Comisión Nacional de Verdad, Justicia y Reparación que actúe en forma similar a la Comisión Rettig, para poder cuantificar y cualificar las víctimas de adopciones ilegales”.

El interés por este tema, manifestado por el gobierno de Piñera en las postrimerías de su mandato, no deja de ser una novedad si se tiene en cuenta su actitud y la de sus afines políticos en la búsqueda de una solución a esta tragedia.

En 2020 después de una primera toma de muestras de ADN a 58 personas de HMS, estas no continuaron y la promesa de hacer un banco de huellas genéticas similar a la que se creó para los detenidos desaparecidos, fue desechada por el mismo ministerio de Justicia que organizó el show del mes de enero.

Del mismo modo, durante el Congreso de HMS en diciembre, el diputado (PC) Boris Barrera, quien formó parte de Comisión Investigadora de la Cámara abierta en el año 2019 para esclarecer la participación del Estado en estos hechos, recordó la firme oposición de los sectores de derecha en estos trabajos.

VER:

Karen Alfaro Monsalve y José Luis Morales: Niños y niñas chilenos adoptados por familias suecas. Proximidad diplomática en tiempos de Guerra Fría (1973-1990). https://doi.org/10.7440/histcrit81.2021.04

Agrupación Hijos y Madres del Silencio (HMS).  https://hijosymadresdelsilencio.cl