Chile – Terrorismo de estado

TERRORISMO DE ESTADO CONTRA LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN Y DE REUNIÓN

El derecho a manifestarse en la calle es un derecho humano en el que se combinan la libertad de expresión con el derecho a reunirse con otras personas para defender causas comunes.
En Chile, este derecho está respaldado por la Constitución y es un compromiso en virtud de los tratados internacionales de los cuales el país es firmante, tal como ocurre en la mayoría de otros Estados formalmente democráticos.
Sin embargo, sin que haya una reacción más o menos unánime a nivel mundial, como la que ha generado el genocidio que está practicando Israel contra el pueblo palestino, esta libertad y derecho humano fundamental está siendo cada vez más atacada y negada incluso en países como los europeos que se jactan de su democracia.
Ocurre que, en nombre de esa supuesta democracia, se puede ver que la restricción y, a término y en la práctica, la abolición de ese derecho no es el resultado de una ley bien definida sino, lo que es mucho peor y contradictorio con esa misma democracia y propio de una dictadura, corresponde la puesta en acción de métodos terroristas.
En su definición más elemental, el terrorismo es una “Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”.
Definición a la que a veces, en el marco de una guerra o de un enfrentamiento entre sectores opuestos, como pueden ser el Estado y grupos que reclaman una reivindicación, se le agrega como complemento: “terror para perturbar o paralizar la acción del enemigo”, entendiendo que como tal también se puede considerar al manifestante.
Hay dos hechos ocurridos casi al mismo tiempo en países a miles de kilómetros de distancia uno del otro, como son Francia y Chile, que fueron ejemplos más que elocuentes de una política que, bajo pretexto de mantención del orden público, aparece en último termino como restrictiva de las libertades democráticas.
En Francia, en el llamado Movimiento de los Chalecos Amarillos, en noviembre de 2018, y en Chile, un año más tarde, durante el Estallido Social, si bien no se podría probar que hubo instrucciones expresas de las autoridades para que la policía hiriera, reventara ojos o mutilara gravemente, en ambos casos, los cientos de víctimas, levantan fundadas sospechas al respecto.
Desde entonces y en ambos casos, esta práctica de terror se ha ido desarrollando con más y más métodos represivos directos, como puede ser la creciente violencia policial desmesurada y con impunidad garantizada o, mediante la aplicación de una justicia expedita y propia de estados de excepción.
Lo que también quedó en evidencia en los dos casos es el inmenso poder de la movilización popular como motor de cambio frente a la persistencia de estructuras políticas e instituciones concebidas hace más de un siglo, que por efecto de los adelantos de la ciencia y de las comunicaciones más la evolución de los valores humanos, han quedado añejas.
Hace algunas semanas, la imagen terrible de una muchacha gravemente herida, con el rostro ensangrentado y arrastrada por la policía en Santiago de Chile, tenía un doble mensaje.
Por una parte, denunciar y graficar la brutalidad de un gobierno o de un Estado y la acción de individuos a su servicio, despojados de su capacidad de pensar como seres humanos y actuando como bestias.
Pero también la advertencia complemento de “…un acto de violencia ejecutado para infundir terror… para perturbar o paralizar la acción del enemigo”, en este caso los estudiantes que manifestaban.
De manera más explícita: “Estamos en un país democrático, tienes todo el derecho a manifestar y a reunirte con otras personas … pero mira lo que puede ocurrirte”.