ESTADO DE EXCEPCION “ACOTADO” APARECE COMO MILITARIZACION DE LA ARAUCANÍA CON OTRO NOMBRE

Anuncio del estado de excepción « acotado »

El 16 de mayo, desde La Moneda, la ministra del Interior Izkia Siches, anunció una serie de medidas en aplicación del estado de emergencia “acotado” en las provincias de Arauco y Bío Bío y en la región de la Araucanía.

Los objetivos de la medida, según lo expresado por la ministra Siches, son el “resguardo de las rutas en la provincia de Arauco y del Bio Bío, y en la Región de la Araucanía, para permitir el libre tránsito de las personas, el abastecimiento y la ejecución de las políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios”.

Al mismo tiempo, Siches anunció medidas presupuestarias (“Plan Buen Vivir”) para facilitar a través de la Corporación nacional de desarrollo indígena (CONADI), la adquisición de tierras pertenecientes a los actuales propietarios por parte de los que eran sus dueños ancestrales.

La reactivación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, y de la actividad de los ‘parlamentos’ entre el Estado chileno y el pueblo mapuche y la inversión de 400 mil millones de pesos para obras públicas, agua potable rural y mejores capacidades en materia de salud, fueron otros de los anuncios.

Sin embargo, estas nuevas medidas, lejos de hacer vislumbrar un mejoramiento de las relaciones entre el pueblo mapuche y el Estado chileno o el comienzo de una solución para el conflicto entre estos, generó sobre todo numerosas y airadas críticas de variados sectores implicados en la cuestión.

El sentimiento que domina y que inspira prácticamente todas las críticas, es la decepción de las esperanzas de cambio que generó la posición de Gabriel Boric durante la campaña presidencial, en particular en cuanto a la presencia militar en la Araucanía y que ahora aparece como la misma realidad con otro nombre.

En declaraciones a la prensa, Ana Llao, consejera nacional de la CONADI y werkén (vocera) de la agrupación Ad Mapu, manifestó que “nuevamente vivimos una decepción que nos ha pasado gobierno tras gobierno… me siento engañada nuevamente, esto es lo que dejó instalado Piñera”.

Luego de considerar que la CONADI es una institución encargada de asuntos administrativos, la vocera destacó que los temas políticos deben ser resueltos por el Estado. Eso “hoy lo asumen militarizando el Wallmapu. Te hablan de agilizar un ministerio Indigena, ¿Cuál será su facultad? Dan un caramelo con un fusil en la mano”, comentó.

Por su parte, el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, calificó la medida como una nueva expresión de la dictadura militar.

“Se viene el estado intermedio, que no es otra cosa que un nuevo estado de excepción. Es decir, los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Wallmapu, custodiando los intereses del gran capital. Es la expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuche siempre hemos sufrido, dictadura que ahora asume el gobierno lacayo de Boric”, dijo Llaitul.

Además, el vocero hizo un llamado a “preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada, por la autonomía, por el territorio y autonomía para la nación mapuche”.

Las primeras implementaciones de las medidas anunciadas del gobierno y las reacciones de este mismo frente a la respuesta de dirigentes como el vocero de la CAM, dejaron una vez más la imagen de improvisación de las autoridades que ya se había visto antes.

Para la aplicación del “estado de emergencia acotado” fue nombrado como jefe de zona el contralmirante Jorge Parga Baslaresque, el cual ejerció sus funciones durante apenas dos días antes de ser removido de su cargo, cuando al parecer las autoridades del gobierno recordaron algunas de las controvertidas actuaciones del oficial.

En noviembre pasado, durante su gestión como jefe de zona, en la localidad de Cañete, fue muerto a balazos el comunero Jordán Llampi, en incidentes entre manifestantes y fuerzas de Carabineros y de Infantería de Marina.

Anteriormente, en julio de 2021, el contralmirante Parga había defendido públicamente a Leonardo Medina, infante de marina acusado de haber atropellado y dado muerte a Manuel Rebolledo, hecho ocurrido en Talcahuano, en octubre de 2019, durante el estallido social.

Durante la campaña presidencial, Gabriel Boric había visitado a l os padres de Rebolledo y estos habían sido recibidos en febrero de este año por la que sería luego designada como ministra de la Justicia y los DDHH, Marcela Ríos.

En relación con las declaraciones del dirigente Héctor Llaitul, la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, había anunciado que el gobierno se querellaría, siendo luego desmentida por el propio Gabriel Boric.

El periodista y escritor mapuche Pedro Cayuqueo, en una entrevista con el diario digital El Desconcierto, comentó entre otros temas las diversas actuaciones del gobierno en relación al tema mapuche.

“El gobierno está actuando con improvisación total en materia indígena”, comenzó Cayuqueo, recordando al respecto el fracasado viaje de la ministra del Interior Izkia Siches al territorio de Temucuicui.

“Eso da cuenta de un gobierno que está improvisando peligrosamente en estos temas, y lo sucedido ahora con el decreto de Estado de Excepción, imagino que va en la misma línea”, continuó.

El periodista y escritor estimó que el gobierno está muy mal asesorado en materia indígena. “Creo que se rodeó de académicos, especialistas en temas indígenas, con doctorados en universidades extranjeras, pero que carecen del conocimiento en el terreo del conflicto”

Cayuqueo graficó la política del gobierno al respecto, comentando: “Creo que, y diciéndolo muy campesinamente, que al gobierno le quedó muy grande el poncho con el tema indígena”.