EL CODIGO DE AGUAS, LA CONVENCION Y EL GOBIERNO DE BORIC
El 28 de julio de 2010, La Asamblea General de la ONU reconoció el acceso al agua potable y el saneamiento como derechos humanos básicos y el 22 de marzo quedó establecido como el Día Mundial del Agua.
Pero muchos dicen que no hay nada que celebrar, pues nuestro planeta se encuentra confrontado a un recalentamiento global cuyas causas serían naturales y también resultado de la acción del ser humano.
Este fenómeno se ha acentuado en las últimas décadas y casi nadie niega que, en este terreno, la sociedad de consumo, juega un papel muy importante.
Para satisfacer las necesidades fomentadas por el modelo de desarrollo capitalista es necesario explotar recursos naturales.
Para su transporte y transformación en productos manufacturados se necesitan combustibles los cuales contribuyen también al aumento de las temperaturas, Ninguna región en el mundo escapa a esta situación.
Según cifras de Naciones Unidas hay 2.200 millones de personas que en el mundo viven sin agua potable.
En Chile, el total de la población bajo escasez hídrica concierne casi la mitad de los habitantes (47,5%)
El cambio climático es un factor que causa disminución de las precipitaciones. Sin embargo, el uso y consumo del agua por las empresas agroforestales en el centro y sur del país y la minería en el norte impiden la distribución de agua en localidades y comunidades aledañas.
Si bien, el discurso oficial culpa de la escasez, al exceso de consumo de agua por parte de las personas, en realidad, en gran parte del problema está en el hecho de que la propiedad del agua y la gestión asociada a su acceso se encuentran privatizadas.
Esto es el resultado de la instalación y consolidación del modelo neoliberal chileno, comenzado por la dictadura y continuado por los gobiernos post-dictatoriales.
Efectivamente, en 1981 se promulga el Código de Aguas el cual se consolida con la privatización de las primeras empresas sanitarias durante el régimen de Eduardo Frei (1995-1999) y con el régimen de Ricardo Lagos (2000-2004) en el que se establecieron contratos de concesión de empresas sanitarias por un lapso de 30 años.
Producto de esta concepción ideológica, en el Chile de hoy, los grandes caudales de agua ya no pertenecen al dominio público. Actualmente, el 80% de las cuencas del país se encuentran sobre otorgadas y sobre explotadas por privados, lo que significa que existen más derechos concedidos que volúmenes de aguas captados.
Todo esto ha causado una carencia tal del vital líquido, sobre todo en el norte del país. Allí el abastecimiento de las poblaciones debe hacerse con camiones aljibes con agua que es comprada por las municipalidades a empresas sanitarias privadas que, en principio, deberían garantizar su abastecimiento. Resulta así un negocio redondo para dichas empresas, en parte extranjeras.
En el norte de Chile, las grandes empresas mineras propietarias de los derechos de agua tanto superficiales como subterráneas, han provocado daños irreversibles a ecosistemas únicos, provocando el desplazamiento de comunidades.
La »solución » propuesta por dichas empresas ha sido la construcción de plantas desalinizadoras de agua de mar, las cuales, con las descargas de salmuera, están destruyendo la biodiversidad del borde costero. Además, ellas requieren de grandes cantidades de energía para funcionar, pues dependen de las termoeléctricas altamente contaminantes.
Durante los gobiernos anteriores hubo varios proyectos sin éxito para reformar el Código de Aguas, herencia de la dictadura. El último de ellos rechazado consagraba la existencia de usos prioritarios para el agua, como el consumo humano y doméstico, y el saneamiento. También resguardaba los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal ecológico mínimo.
Actualmente, la pregunta que muchos se hacen es si la Convención y el Gobierno de Boric resolverán el problema del agua.
En términos ambientales, hasta ahora la Convención sólo aprobó dos de las medidas respecto al problema ambiental y ninguna respecto a la nacionalización de los recursos naturales.
El viernes 25 de marzo, luego de 11 años de tramitación, el presidente Gabriel Boric firmó la promulgación del nuevo Código de Aguas. Nada nuevo, es el mismo proyecto del Gobierno de Piñera.
En detalle, el nuevo Código de Aguas establece el cumplimento de siete prioridades estratégicas de la Dirección General de Aguas (DGA). Entre ellas se encuentran, el mejorar la información de recursos hídricos, la colaboración con organizaciones de usuarios de agua, la gestión estratégica de cuencas, la tramitación de expedientes, innovación tecnológica, la transparencia del funcionamiento y la actualización de la legislación de agua.
En tanto, a diferencia de los antiguos derechos de aguas, cuya duración es indefinida, esta nueva reglamentación establece que se limitará a un máximo de 30 años, los cuales se renovarán automáticamente si estuvieran en uso.
El problema es que el modelo de privatización no ha sido modificado. Bajo el esquema jurídico actual el derecho al agua y los intereses económicos del mercado siguen siendo inconciliables.
Marcela Hernando, ministra de Minería aseguró que »para las actividades mineras no cambiarán las reglas del juego ». Y Camila Vallejos declaró por televisión que »las expropiaciones no estaban en el programa de Gobierno ».
Así en Chile, la propiedad del agua y la gestión asociada a su acceso seguirán privatizadas.
Para que la situación cambie es urgente organizar una gran fuerza donde los trabajadores, los sindicatos, las comunidades y el movimiento medio ambiental se unan para dar la lucha por recuperar el agua, terminar con las concesiones de las sanitarias, que vuelvan a ser propiedad del Estado, pero donde trabajadores y usuarios puedan decidir.
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