Chile

COMO CHILE PASÓ DE UN MODELO DE CRECIMIENTO HACIA EL EXTERIOR A UNA APERTURA CASI TOTAL Y AL TPP11

por Claudio JEDLICKI

(2ª parte de nuestro artículo “Algo para (tratar de) entender el papel del comercio exterior …” del número 15)

La crisis del mundo capitalista de 1929 significó para Chile la obligación de reducir por tres la producción de cobre y la del salitre en más de seis, con las consecuentes repercusiones sociales, como fue el aumento de la cesantía, pero también una importante disminución de los recursos que el Estado obtenía de estos sectores por concepto de impuestos.
 El impacto de la crisis fue de tal nivel, que la naturaleza misma del vínculo que el país mantenía con el exterior debió variar hasta el punto de cambiar el modelo de desarrollo que se había establecido.
De un modelo que hasta allí que se calificaba de crecimiento hacia afuera, que reposaba sobre las exportaciones de minerales, cobre y salitre, y en la importación de gran parte de los productos manufacturados, se  pasará a uno donde estos irán siendo progresivamente reemplazados por aquellos menos sofisticados de producción nacional.
Se pasa entonces así a un modelo de crecimiento llamado de sustitución de importaciones, donde la acción del Estado tiende a jugar un papel central:
Por una parte, mediante la devaluación de la moneda nacional conjugada con el establecimiento de aranceles y cuotas que restringen las importaciones y desvía la demanda de productos extranjeros hacia productos nacionales.
Por la otra, asumiendo un papel de primer orden en la financiación y en la promoción para formar mano de obra y para la construcción de las infraestructuras necesarias para industrializar el país.
Es en este contexto que la nace la Corporación de Fomento de la Producción, más conocida como CORFO.
 Este es el modelo aplicado desde los años 1930 hasta la Dictadura, sin grandes cuestionamientos en su estructura y sólo con una nueva orientación y dinámica suplementarias durante el gobierno de la Unidad Popular, a través de la nacionalización de una parte importante de la industria, dentro de objetivos de justicia social y de redistribución del ingreso.
El fin de este modelo de sustitución de importaciones puede fijarse precisamente en 1975, cuando los “Chicago Boys”se apropian del Ministerio de Hacienda y del resto del aparato institucional que rige la economía.
En este contexto, propulsan el “Programa de Recuperación Económica”, con la bendición presencial de Milton Friedman, que contiene el conjunto de reformas y medidas destinadas a encauzar el país en la senda del liberalismo económico más genéticamente puro vigente en el mundo.
Esta corriente ultraliberal en lo económico y fascista en todo el resto, había preparado ya todo muy bien. Los discípulos criollos de Friedman estaban listos para gobernar y para tal efecto habían ya preparado un documento denominado “El Ladrillo”.
La apertura económica al exterior constituía uno de los ejes claves del modelo neoliberal propiciado, donde las medidas principales eran la reducción de los aranceles, con un objetivo de una tasa uniforme de 10% hacia el fin de la década del 70, la revaluación real del peso y la liberalización de los movimientos de capital.
El cambio de modelo se traduce por una fuerte desindustrialización, la parte de la industria, pasa de 25,1% en 1974 a 20,8% del PIB en 1981. La persistencia de la inflación y el objetivo de revalorizar el peso, llevaron a establecer un cambio fijo en 1979.
No obstante, el ajuste automático que, según los dogmas monetaristas, debía operarse con la variación de la tasa de interés regulando las entradas y salidas de divisas, no funcionó.
Sin entrar en detalles, el resultado fue una de las recesiones más fuerte que el país había conocido, un -17% en 1982 y 1983 acumulados, la quiebra de los bancos que debieron pasar nuevamente a manos del Estado y la devaluación del peso.
Al salir de la recesión, se optó por un neoliberalismo un poco menos dogmático y más pragmático. En materia de comercio exterior va a implicar un alza del arancel único a 35% el que quedará en 15% al fin de la Dictadura, la devaluación continua del peso y una política activa de promoción de exportaciones.
El fin de la Dictadura en 1990, no alteró mayormente la orientación de la política económica. La apertura al exterior prosiguió, pero con una condición suplementaria, de manera negociada, es decir con reciprocidad de la otra parte.
En efecto, a partir de 1991, se van a firmar Acuerdos de Complementación Económica con varios países de América Latina y,  a partir de 1996, se comienzan a firmar Tratados de Libre Comercio con grandes países cubriendo más de las 4/5 partes del PIB mundial.
El arancel único va a continuar su descenso, hasta estabilizarse en 6% en 2003. El tratado de integración económica plurilateral TPP11, aun no ratificado por Gabriel Boric, involucra a 11 países, Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
Esencialmente de naturaleza comercial, establece también marcos legales que rigen el comercio y la inversión entre los países miembros. Este tratado ha dado la ocasión al gobierno para mostrar su voluntad de enmendar el tipo de inserción internacional de apertura casi total, haciéndola más compatible con su enfoque del desarrollo económico.
 Se trata de abrirse no solo a una diversificación de las exportaciones, sino también a darles un mayor contenido en valor agregado y contenido tecnológico. Esta nueva orientación podría ilustrarse en la voluntad de no sólo aceptar la extracción del litio, sino la de su transformación, produciendo localmente las baterías eléctricas y desarrollando la investigación tecnológica que esta actividad requiere.
Por otra parte, se busca además preservar la autonomía de las políticas públicas que podrían intervenir con la ampliación de las competencias del Estado nacional. Por ejemplo, si se terminara con las AFP e ISAPRES, algunas de ellas en manos del capital extranjero, para socializar la previsión social y la salud.
En el caso del TPP11, se ha exigido que se añadan “cartas laterales » donde se contemple un compromiso de solución bilateral de eventuales controversias entre el Estado y las empresas extranjeras en materia de protección de inversiones.
Con esto, se trata de remplazar los mecanismos de solución de conflictos, que tal como se presentan, significan una negación total de la soberanía nacional.
Bajo el pretexto de preservar el capital extranjero frente a una nacionalización, estos mecanismos permiten intervenir en políticas nacionales como la propiedad intelectual y la transferencia de tecnologías, los flujos financieros, el medio ambiente o cualquier medida que pudiese afectar las utilidades.