¿Cómo calificar la actitud del que ayer en una camiseta pregonaba “No TPP” y hoy firma el tratado que lo hace entrar en vigencia?
Aprovechando el que los chilenos estaban preocupados por cuestiones tan importantes como el Festival de Viña o las penurias de la Tonka, Boric firmó el ingreso oficial de Chile al tratado TPP-11, convirtiéndose el país en el décimo que lo integra, dejando así, tal como se ha demostrado, la soberanía chilena a merced de los grandes intereses privados.
En los hechos, la firma por el gobierno de Gabriel Boric, del tratado que establece el ingreso oficial de Chile al TPP11, es la ratificación ahora, como lo hizo antes la Concertación, de la política económica implementada por la Dictadura, con los métodos que fueron los suyos y que todos conocemos.
A este respecto uno de los argumentos más utilizados por los partidarios del tratado, cual es el de la posibilidad para Chile de aumentar y en mejores condiciones las exportaciones de sus productos, es el mismo utilizado por la Dictadura para demostrar un supuesto desarrollo económico.
Efectivamente, durante los años en que Chile estuvo sometido al régimen de Pinochet y hasta ahora, en los rincones más alejados del mundo, podíamos ver las paltas, la uva, los vinos, los salmones o el cobre chileno que entraba este en la fabricación de las grandes marcas de automóviles.
Lo que no se decía ni se dice tampoco ahora cuando se habla de las ventajas que traerá el famoso TPP-11, es que todos estos son productos de base sin valor agregado, como se dice en términos económicos.
Valor agregado que significa que una parte del hierro o del cobre (es un ejemplo) no partía en bruto a la exportación, sino era transformado en Chile, en industrias chilenas donde trabajaban obreros chilenos, para fabricar, por ejemplo, los electrodomésticos que se vendían en el mercado latinoamericano., o las piezas para los automóviles armados en el país.
En resumen, la política económica de la Dictadura significó la destrucción de esa industria nacional chilena desarrollada a partir del gobierno del Frente Popular e implementada a través de la Corfo, en beneficio de las paltas, las manzanas o el cobre en bruto de que hablábamos antes.
Es en el caso de las “ventajas” que aluden los partidarios del tratado, esto significa que, efectivamente, Chile podrá aumentar el número y la variedad de productos que van a venderse a la exportación, pero a condición que estos no signifiquen un perjuicio a una empresa que produzca desde antes algo similar en algún país firmante del tratado.
Evidentemente, cuando se trata de productos básicos como los que señalábamos, la cuestión no plantea problemas.
Difícilmente podrá alegar, por ejemplo, un empresario vietnamita que Chile le hace competencia con sus exportaciones de paltas de Petorca, Sandías de Paine, troncos de pino, o manzanas granny.
Muy diferente será la situación, por ejemplo, si Chile decide por voluntad de sus habitantes, iniciar un desarrollo industrial en diversos sectores, como fue con la Corfo, no podrá hacerlo, pues ya existen países industrializados dentro del Tratado, lo que significaría una competencia para las empresas privadas de estos, que tendrían la posibilidad de entablar demandas judiciales.
Por ejemplo, si Chile desea sacar mayor provecho de una de las riquezas que posee en su territorio, como es el litio, y decide, atendiendo la tremenda demanda mundial y contando con la materia prima en el terreno, comenzar a fabricar baterías, quedará a merced de tribunales establecidos por el propio tratado, a los que podrán recurrir los empresarios que se consideren afectados.
Chile queda así amarrado sin potestad para decidir en cuestiones de estricto resorte interno que pudiesen ser consideradas perjudiciales a los intereses de alguna empresa dentro del tratado.
La aplicación por ley de un impuesto a una empresa que extrae recursos naturales, la fijación de una política de salarios, la regulación de las actividades de una AFP o su supresión, la creación de empresas estatales de bienes o servicios que compitan con las que ya existen o la adopción de medidas de protección del medio ambiente, serán entre otras las facultades que quedarán sometidas a las normas del tratado.
A modo de ejemplo, hace unos días, cuando el país se enfrentaba a la emergencia que planteaban los incendios en el sur del país, Boric se reunió con los empresarios forestales declarando estar abierto “a largo plazo” a una regulación de las normas de explotación.
A la luz de las condiciones del tratado del que Chile ahora forma parte, cabe preguntarse con razón si lo del “largo plazo” se refiere al tiempo que será necesario a los que decidirán dentro del TPP11, si Chile puede o no tomar medidas radicales para evitar nuevos siniestros y la destrucción regiones enteras.
Al margen de todo lo anterior y en lo inmediato, nos llamó la atención el que, a tres días de la promulgación de ley que implica una cuestión tan trascendente como puede ser la soberanía de Chile, poco o nada pudimos ver en la prensa digital chilena que es la que nos permite enterarnos de la realidad del país.
Como decíamos al comienzo, se entiende pues hay hechos de actualidad como las pifias en el Festival de Viña o las tribulaciones de esa pobre señora llamada Tonka Tomicic, que son infinitamente más importantes.
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