PERU – LA DESTITUCION DE PEDRO CASTILLO.
por Luis Campos
El destituido presidente del Perú, Pedro Castillo no es el primero en ser víctima de las maniobras de una derecha parlamentaria. Después del año 2018, cuatro presidentes han conocido el mismo destino.
La vice-presidenta Dina Boluarte, quien sucede a Castillo, es la sexta en cuatro años que ejerce la presidencia del Perú y la primera mujer en asumir dicha función, pero nadie puede decir por cuanto tiempo.
En un país donde un tercio de la población vive en la extrema pobreza, los parlamentarios elegidos, son en su mayoría de derecha y de extrema derecha.
Difícil resulta pues pensar que, desde sus cargos, no bloqueen los más pequeños signos de reformas que pudiesen amenazar sus privilegios y los ricos de terratenientes, empresarios y propietarios de recursos naturales, asociados a transnacionales.
La Constitución de 1993 permite la destitución del jefe del Estado por »incapacidad moral o física permanente », una fórmula bastante amplia y sujeta a interpretaciones del Congreso si este no está de acuerdo con sus iniciativas.
Es suficiente para ello, el voto de 87 parlamentarios de los 130 que integran el Congreso.
El presidente puede disolver el Congreso solamente si los diputados rechazan dos veces la confianza en el gobierno.
En 2017, Castillo, de profesión maestro de escuela, dirigió una importante huelga de la educación.
Candidato a presidente en 2021, en la primera vuelta obtuvo la primera votación.
En la segunda vuelta de la que resultó vencedor, Castillo se enfrentó a Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori.
Este último, fue candidato a la reelección en 2000 en comicios que fueron cuestionados. Esta situación hizo salir a la luz graves acusaciones de corrupción y de crímenes contra la Humanidad en su contra, por lo que huyó a Japón, desde donde fue devuelto a Perú, donde está actualmente en prisión.
El programa de Castillo comportaba el abandono de la Constitución elaborada por Alberto Fujimori, una reforma agraria, el aumento del presupuesto para la educación y la salud y una revisión de los contratos con las compañías mineras con el fin de conservar para el país el 70% de las riquezas.
Si bien, todo esto no eran más que programa, los medios conservadores manifestaron su decisión de impedir toda reforma.
A diferencia de los que habían gobernado el país anteriormente, Castillo, mestizo, hijo de pequeños campesinos, no provenía de la clase social alta, concentrada tradicionalmente sobre todo en la capital.
Desde que fue elegido presidente, la clase política conservadora, los dirigentes patronales, sectores de las Fuerzas Armadas más los medios afines, anunciaron su oposición total a la reformas contenidas en su programa. En una situación similar a la que enfrentaron los cinco gobiernos que le precedieron y que se vieron sometidos por diversas razones a la voluntad del Parlamento.
Después de dos tentativas para destituirlo, la tercera fue la decisiva.
Intentando el todo por el todo, Castillo anunció el 7 de diciembre la disolución del Congreso, un gobierno de urgencia, elecciones anticipadas y el lanzamiento de una Asamblea Constituyente.
Abandonado por su propio gobierno Castillo fue destituido por 101 miembros del Congreso por »tentativa de autogolpe de Estado »,
Inmediatamente, Estados Unidos saludó a »las instituciones peruanas y las autoridades civiles por haber garantizado la estabilidad democrática ». Otro tanto hizo de su lado la Unión Europea.
Castillo fue encarcelado, acusado de »rebelión y conspiración », agregándose así a la lista de dirigentes de la América Latina destituidos como, el ex-presidente de Bolivia Evo Morales derrocado en 2019 mediante maniobras similares.
Dina Boluarte, hasta entonces vice-presidenta del gobierno de Castillo, asumíó el poder a través de un verdadero golpe de Estado institucional, estableciendo un régimen autoritario cívico-militar.
Este, ante las manifestaciones de los simpatizantes de Castillo, ha reaccionado decretando el estado de sitio y el toque de queda, enviando a tropas del ejército a reprimir a los manifestantes, criminalizando así las protestas. El resultado hasta el cierre de nuestra edición era de miles de detenidos, cientos de heridos y más de sesenta muertos, sin que el Gobierno haya logrado imponer la calma.
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