Internacional – Nicaragua

ORTEGA YA NO ES SANDINISTA

por Roberto Pizarro Hofer

Es triste el resultado de la revolución nicaragüense. De la dinastía de la familia Somoza se ha transitado a una nueva dinastía, la de Ortega-Murillo, quienes han traicionado a sus compañeros de lucha y han utilizado el poder para enriquecerse, renunciando al proyecto popular y democrático que iniciara la gesta heroica del general Sandino.

La revolución popular sandinista, que asumió el gobierno en julio de 1979, no sólo abrió un camino de esperanza para Nicaragua, sino se convirtió en un referente de lucha para América Latina, región aplastada en esos años por dictaduras militares oprobiosas.

La voluntad democrática del sandinismo quedó además de manifiesto con la entrega del poder a doña Violeta Chamorro, luego que pierde las elecciones, a comienzos de 1990.

Sin embargo, la irrefrenable pasión por el poder convierte a Ortega en dictador. Luego de ser elegido presidente a fines del 2006, despliega una maquiavélica estrategia para controlar todas las instituciones del Estado. Y, para ello, pacta con el partido liberal somocista, que encabeza Arnoldo Alemán, con el empresariado, la Iglesia católica y el gobierno de los Estados Unidos.

Daniel Ortega construye una inédita alianza con el Consejo Superior de la empresa privada (COSEP), respaldado por el FMI y el Banco Mundial.  Recibe además el apoyo de los Estados Unidos, a cambio del control de migrantes y la garantía del freno estricto del tráfico de droga, con una presencia activa de la DEA en territorio nicaragüense. Y, a la Iglesia le garantiza la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo, incluso en casos de violación.

Esa alianza le otorga fuerza para expulsar de la Asamblea Nacional (Parlamento) a los partidos opositores (incluido el sandinismo disidente) y para apropiarse del poder judicial y controlar a las autoridades electorales.

Así, Ortega-Murillo acumularon el poder total de las instituciones estatales, colocando a sus amigos y aduladores en puestos claves. Ello le permitió también implementar una reforma constitucional para asegurar a Ortega la reelección perpetua.

En esas condiciones era inevitable que naciera la insurgencia, la que explotó en 2018. La chispa que encendió la pradera fue una reforma que aumentaba las contribuciones de trabajadores y empleadores al seguro social y, al mismo tiempo, reducía las pensiones a los jubilados.

Ese hecho fue sólo el desencadenante de la crisis. Porque lo que estaba presente en la sociedad era la acumulada indignación de abusos, corrupciones y arbitrariedades de Ortega-Murillo. Explotaba así el reclamo contra la concentración de poder en manos del matrimonio, así como la delegación dinástica de cargos y negocios en sus hijos, lo que resultaba insoportable para el pueblo nicaragüense.

Una década de autoritarismo, con intolerables agravios, se hacía carne en la ciudadanía, y desata un levantamiento popular sólo comparable a las heroicas luchas callejeras contra el somocismo.

Un mes de protestas dieron por resultado más de 300 muertos, junto a miles de heridos desaparecidos y torturados. La represión policial y de las bandas parapoliciales fue la respuesta del régimen a las demandas ciudadanas contra la arbitrariedad, el robo y la corrupción.
La élite empresarial, después, de las protestas ciudadanas, se dio cuenta que el gobierno ya no le garantizaba seguridad económica para sus inversiones y que el monopolio político de las instituciones estatales tampoco le daba estabilidad al país. El sector privado llegó a la conclusión que la hermandad de diez años con el gobierno ya no le servía, había hecho agua. Y terminó con su apoyo al gobierno.

Por otra parte, la Iglesia, aliada al gobierno en temas valóricos, se distancia radicalmente del gobierno y se convierte en referente fundamental de seguridad y de credibilidad para ciudadanía.

Finalmente, el gobierno norteamericano, no pudo resistir la presión internacional por los derechos humanos contra Ortega y se vio obligado manifestar su rechazo a las medidas represivas del régimen.

Con la crisis sanitaria de la Covid-19, se debilitaron las protestas lo que dio cierta tranquilidad al régimen de Ortega-Murillo. El gobierno aprovechó para impulsar una legislación que controlara la disidencia y reprimiese cualquier espacio de disensión, para asegurarse una victoria holgada en las urnas.

Ortega, masificó la represión. Encarceló a destacadas figuras políticas democráticas, que intentaron desafiar electoralmente al dictador. También envió a prisión a destacados militantes del sandinismo histórico como el exvicecanciller, Hugo Tinoco, y a los comandantes Dora María Téllez y Hugo Torres (quien falleció en la cárcel); además obligó al exilio a los destacados escritores Sergio Ramírez y Gioconda Veliz, al comandante de la revolución, Luis Carrión, a los hermanos Mejía Godoy y al ex director del diario Barricada, Carlos Fernando Chamorro.

Así las cosas, las pasadas elecciones de noviembre de 2021 sirvieron para consolidar el régimen totalitario. Sin embargo, la presión internacional obligó a Ortega a liberar a la mayor parte de los presos políticos; pero, los expulsó del país, les quitó la nacionalidad y la propiedad de sus bienes. Fue, en realidad, un acto de odio, que ha recibido un repudio mundial.

Ortega ha dejado de ser sandinista. Ha arriado las banderas rojinegras, democráticas y progresistas del FSLN de los años ochenta. Lo espera, como a Somoza, el basurero de la historia.