Chile – Isapres

SENADORES PROTEGEN Y SE HACEN CÓMPLICES EN ESTAFA A MILES DE AFILIADOS A LAS ISAPRES

El nacimiento de las Instituciones de Salud Previsional, más conocidas como Isapres, cuya finalidad declarada es financiar las atenciones de salud de sus asociados, pero que, en tanto organismos privados su objetivo esencial es el lucro, está en estrecha relación con la Constitución de la Dictadura de 1980.
Conforme al espíritu del sistema neoliberal impuesto a través del golpe de Estado y la Dictadura, so pretexto de dar a los ciudadanos un amplio derecho a elegir, la Salud dejó de ser así un derecho fundamental cuya atención debía asumir el Estado, para convertirse en un negocio privado y controlado en general por grandes intereses financieros.
Esta situación, que en lo esencial se ha mantenido hasta nuestros días gracias al beneplácito de los gobiernos que se han sucedido desde 1990, ha servido para estafar a miles de personas, prácticamente obligadas a recurrir a este sistema, como alternativa al sistema público (FONASA) abandonado y dejado intencionalmente en situación precaria por el sistema neoliberal.
El método empleado por las ISAPRES fue sobre todo el llamado tabla de factores, prohibido por la ley y que ha consistido en aumentar el monto de las cuotas que deben pagar los asociados, cuando estos son personas con más posibilidades de recurrir a una atención médica, como pueden ser las mujeres por embarazos y partos o aquellas que van avanzando en edad.
En 2010, el Tribunal Constitucional estableció que este sistema era discriminatorio y contrario a la Constitución, lo no fue obstáculo para que las ISAPRES lo siguieran aplicando.
Una investigación ordenada por la Corte Suprema dejó en evidencia que existían al menos unos 800.000 contratos en que las ISAPRES había impuesto pagos excesivos a sus asociados, sobre la base de este criterio de riesgo.
En tales circunstancias, el más alto tribunal de justicia emitió un fallo que obliga a las ISAPRES la devolución a los cotizantes un total de 1.400 millones de dólares por concepto de cobros abusivos por los planes de salud.
Esta decisión judicial provocó la reacción inmediata estas organizaciones que, además de acusar al gobierno de no fijar plazos ni condiciones para el pago de estas devoluciones, reiteraron la amenaza que esgrimen desde hace al menos tres años de una quiebra masiva de todas estas y el consiguiente colapso del sistema de salud.
El gobierno, buscó una salida de conciliación, proponiendo facilidades de pago para las organizaciones deudoras y solicitó a la Corte Suprema una prórroga de seis meses, tiempo necesario para la tramitación de una ley al respecto, tiempo que significa de hecho u nuevo plazo de gracia para que las ISAPRES presenten un plan de devolución.
Fue en tales circunstancias que el 15 de mayo, la Comisión de Constitución del Senado aprobó el proyecto de ley presentado por la oposición de los Demócratas y de Chile Vamos que modifica la Constitución para permitir que las ISAPRES cambien sus precios de sus planes incluso con efecto retroactivo.
En los hechos, este proyecto, de ser aprobado, no sólo permite que las aseguradoras no paguen lo adeudado sino también obtener nuevos fondos de sus asociados, con cuotas mas caras y retroactivas, en una maniobra que pone en cuestión una decisión del más alto tribunal de la República y en una intervención de un poder de Estado en las decisiones de otro de ellos.
Esto no significó problema alguno para los legisladores de la Derecha, tan quisquillosos con cuestión de separación entre los poderes del Estado cuando se trato del indulto del presidente de la República para doce presos de la revuelta de 2019.
Tampoco, para estos grandes partidarios de la no intervención del Estado en la iniciativa privada, es un problema el que las pérdidas de las cuales son únicos responsables los empresarios, tengan que ser asumidas con fondos del erario nacional al que contribuyen los ciudadanos con el pago de los impuestos.