Editorial

A VOTAR CONTRA UNA CONSTITUCIÓN PEOR QUE LA DE PINOCHET, QUE PROMETE MÁS VIOLENCIA, MÁS INSEGURIDAD Y MÁS INJUSTICIA

A la luz de la historia de los últimos 50 años, en el plebiscito del 17 de diciembre próximo, en que será sometido el proyecto de nueva Constitución, elaborado en un complicado proceso y presentado finalmente por el Consejo Constitucional, cualquiera, con dos dedos frente o un mínimo de criterio y de sentido común, no tendrá más opción que la de votar En Contra.
La Constitución vigente hasta hoy en Chile, es decir el conjunto de reglas y derechos que rigen todos los aspectos de la vida de cada uno de los ciudadanos, sigue siendo aquella promulgada en 1980, en plena dictadura, cuando todos los derechos estaban suspendidos y en medio del clima de terror que había sido impuesto.
 Dicha Carta Magna, como también se le llama, fue elaborada por un equipo de “expertos” designados “a dedo” por la propia dictadura y, evidentemente, en consideración a su afinidad con el proyecto político, económico y social que esta quería imponer.
Resulta fácil comprender que, en el fondo, no fue más que una mascarada legal de la Dictadura para regalarle a la minoría que formaba su séquito y, a precio de huevo, la riqueza económica acumulada durante toda la historia del país y, por ende, propiedad de todos los chilenos.
Del mismo modo, en la dicha Constitución quedaron inscritas todas las reglas políticas y sociales para impedir, por las buenas o las malas, todo intento de poner en cuestión el modelo y para adaptar igualmente las mentalidades al nuevo sistema.
A partir de 1990, cuando la Dictadura debió pasar la mano, el sistema, sin las barreras represivas que lo protegían, comenzó a mostrar todas sus fallas y defectos y, a pesar de que los gobiernos democráticos sucesivos le aplicaron uno que otro arreglo cosmético, estos no pudieron impedir el gran estallido social de 2019.
El mensaje claro de aquel movimiento, de dimensiones como nunca antes se habían dado en Chile, fue el de la obligación de elaborar a partir de una Asamblea Constituyente, una nueva Constitución y abolir así aquella de la Dictadura cívico-militar.
Frente a tal cataclismo, que ponía en cuestión su propia existencia, la clase política se las arregló para lanzar un salvavidas al gobierno, en ese momento expresión más elocuente del sistema y presentar un proyecto alternativo que comprendía, como primera etapa, un plebiscito que debía determinar cual era la voluntad ciudadana en favor o en contra de un proceso constituyente.
En octubre de 2020, un 78,28% se pronunció en favor de un proceso constituyente y, por elección popular, se designó una Convención Constituyente que comenzó a redactar un proyecto de nueva Constitución.
A pesar de la dinámica ciudadana que generó, de la buena voluntad y el empeño de los convencionales, el proyecto elaborado fue objeto, por parte de la Derecha, de una violenta campaña de desinformación y de terror, que determinó fuese rechazado en el plebiscito de salida, el 4 de septiembre de 2022.
En virtud de lo determinado por un 78,28% de la ciudadanía en 2020, el gobierno dio inicio a un nuevo proceso constitucional que, en una primera etapa, dio como resultado el controvertido Acuerdo por Chile, donde concurrieron la casi totalidad de los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha.
En el complicado nuevo proceso y según lo establecido en el Acuerdo, parte de los componentes de las diversas comisiones creadas para este efecto (Expertos y de Admisibilidad) fueron designados según la representación de los diversos partidos en las dos cámaras del Parlamento, donde domina la Derecha.
Los 50 componentes del tercer estamento, el Consejo Constitucional, encargado de aprobar el ante proyecto propuesto para ser sometido luego al plebiscito, fueron elegidos por votación popular, resultando una clara mayoría de derechas y de extrema derecha.
Resulta evidente es que con tales antecedentes y frente a la debilidad política en que se encuentra el gobierno, discutiblemente calificado de “centro-izquierda”, la mayoría de los redactores del proyecto constitucional, no se privaron de darle a este un carácter aún más retrógrado que el de la vigente Constitución pinochetista.
De ser aprobado el 17 de diciembre, esto significaría entre otras medidas, la privatización aún mayor de la gestión de lo que son derechos, como la salud y la educación; el fortalecimiento del sistema de AFP; la reducción aún de lo poco que queda de legislación laboral; la facultad de perpetuar el derecho privado del agua y la posibilidad para un privado de apropiarse de bienes naturales, como son las playas, bosques, lagos o parcelas del mar.
El nuevo texto propuesto deja también abierta la posibilidad de disminuir aún más los impuestos para aquellos con mayores recursos y, como si esto fuese poco, bajo pretexto de una supuesta medida humanitaria, establece las condiciones para dejar en libertad a los criminales que purgan penas en Punta Peuco, por asesinatos, torturas, violaciones y desapariciones.
En conciencia, ¿Hay otra posibilidad que no sea el votar CONTRA este engendro?