INICIAN INVESTIGACIÓN POR AMENAZAS CONTRA FISCAL XIMENA CHONG, QUIEN INVESTIGA CAUSA CONTRA GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS RICARDO YÁÑEZ
La Fiscalía regional Sur de Santiago inició una investigación frente a las amenazas que ha recibido la fiscal Ximena Chong, quien lleva adelante las investigaciones por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, en que aparecen implicados el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez y su antecesor en el cargo, Mario Rozas.
La formalización de ambos por estos cargos está programada para el 7 de mayo próximo.
Las amenazas, formuladas a través de la plataforma Instagram, fueron conocidas públicamente por un articulo del periódico digital Interferencia del 29 de enero pasado, donde se señala que un individuo que se hace llamar @murray.ro amenazó directamente al hijo de la fiscal.
“Vamos por el hijo de la Chong, que no salga a la calle le vamos a cobrar”, escribió el desconocido remitente.
Este tipo de tentativas de amedrentamiento en contra de la magistrada no es la primera.
En abril del año pasado, un funcionario del Ministerio Público recibió un correo electrónico donde un grupo de extrema derecha identificado como “Chile Libre” profería amenazas en contra del presidente Boric y su hermano, y contra la fiscal para “que no llame a nadie a declarar”.
En octubre de 2020, cuando Ximena Chong investigaba sobre el caso de un adolescente que fue arrojado al lecho de río Mapocho, presuntamente por carabineros, durante una manifestación, recibió en su domicilio una carta con amenazas de muerte, enviada por un grupo de ocho individuos en cuyo poder se encontraron armas y municiones.
Las amenazas de que fue objeto la fiscal habían determinado ya en el momento una serie de investigaciones e incluso en el Ministerio Público surgieron dudas del papel de un teniente coronel de Carabineros en un presunto acto de amedrentamiento.
Aparte de estas amenazas contra su integridad física, la fiscal Chong ha sido objeto de una serie de ataques y presiones para que sea separada de las investigaciones que lleva a cabo, entre las cuales aquella que se refiere al caso del joven Gustavo Gatica que quedó ciego debido a disparos hechos por Carabineros, durante el estallido social.
En este contexto, el senador de la UDI Iván Moreira acusó a la fiscal Chong de “ser una activista política” y de tener actitudes distintas según los casos de los que se ocupa, asumiendo la defensa del sargento Sebastián Zamora, formalizado por homicidio frustrado en el caso del muchacho lanzado al río desde el puente Pio Nono.
En este mismo sentido, se ha pronunciado la defensa del general director de Carabineros Ricardo Yáñez, que ha acusado a los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong, que llevan adelante las pesquisas en los casos en que aparecen involucrados los jefes uniformados, de “enemistad, odio o resentimiento contra la persona del general director de Carabineros y contra la institución”
En noviembre del año pasado, la defensa del jefe policial solicitó el sobreseimiento definitivo por los cargos de violaciones a los derechos humanos, pidiendo además al fiscal nacional Ángel Valencia la inhabilidad de los fiscales Xavier Armendáriz, persecutor regional Centro Norte, y de Ximena Chong, quien lidera las pesquisas.
El argumento aludido una vez más es que ambos «carecen de la debida objetividad e imparcialidad para seguir adelante con la investigación».
El 7 de mayo próximo, junto a Mario Rozas, Yáñez debe comparecer ante la fiscal Ximena Chong para ser formalizados por los delitos de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, cometidos durante la represión al estallido social, en tanto encargado de la unidad de Orden y Seguridad de Carabineros.
En cinco ocasiones y aludiendo diversas razones, Ricardo Yáñez se había negado a comparecer ante la fiscal o había invocado su derecho a mantener silencio.
Por último, el séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, rechazó un recurso presentado por Yáñez luego de conocer la convocación para el 7 de mayo, para impedir que la fiscal Chong dispusiera de más de 400 fichas clínicas de víctimas de traumas oculares sufridos durante el estallido social.
La intención de esta demanda era conseguir se anulase la orden de comparecer emitida por el mismo juzgado, aludiendo se trataría de una vulneración de los derechos del jefe policial imputado
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