Chile – Honorables Parlamentarios UDI

HONORABLES PARLAMENTARIOS PROTESTAN POR MEDIDAS CONTRA UNA PANDEMIA TAN MORTAL COMO EL COVID

Echando a volar un poco la imaginación, cabe preguntarse cuál podría ser la reacción que podría provocar, por ejemplo, el que algún Honorable parlamentario protestara y amenazara con diversos recursos legales porque el gobierno, cualquiera fuese este, decidió tomar medidas, incluso mínimas, para limitar el desarrollo de una epidemia tan mortal como el COVID.
Evidentemente, resulta difícil imaginar el que tal situación pudiese darse y, si fuese el caso, sin que el autor de tal actitud quedase, ante la opinión pública, inmediatamente despojado de su condición de honorable, para ser cubierto con todo tipo de epítetos propios del repertorio chileno en relación con el tamaño de los genitales del autor, con el sexo o la supuesta actividad profesional de su señora madre.
Por supuesto todo lo anterior es un ejercicio para la imaginación y, a justo título, podría considerarse como algo inverosímil.
Pero Chile es un país inverosímil y una situación como la imaginada puede ocurrir allí sin que nadie se arrugue.
En 2010, la Organización Mundial de la Salud definió la obesidad como una pandemia y el sobrepeso como una enfermedad; la primera de ellas de carácter crónico de la cual derivan otras graves patologías también crónicas, como la diabetes y la hipertensión arterial, además de ser un alto factor de riesgo directo de muerte a través de otras enfermedades, incluido el cáncer.
Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el 74,2% de la población adulta en Chile sufre de sobrepeso u obesidad.
El desglose de este porcentaje, según una encuesta nacional de salud de 2016 y 2017, indica que el 39% de la población chilena sufre de sobrepeso y el 34% sufre de obesidad, situación en proyección creciente, lo que hace prever que hacia 2035 un porcentaje cercano a la mitad de los chileno adultos (43%) será obeso.
Causas principales de esta situación son una alimentación desequilibrada por la ingesta excesiva de alimentos ricos en energía y grasas, como la comida chatarra y, el consumo de bebidas saturadas de azúcar como las gaseosas, néctares y otras energéticas e isotónicas.
Esto, agregado a hábitos de vida sedentarios frente a pantallas de televisión, computadoras o teléfonos, completan el panorama.
A mediados de este mes de marzo, el Servicio de Impuestos Internos (SII)  informó que, a partir del mes de junio próximo, comenzará a aplicarse un impuesto de 10% adicional al IVA, a la venta e importación de bebidas denominadas “analcohólicas”, es decir bebidas naturales o artificiales, energizantes o hipertónicas, jarabes y en general cualquier otro producto que las sustituya o que sirva para preparar bebidas similares, y aguas minerales o termales a las cuales se les haya adicionado colorante.
Como es de imaginar, la decisión del SII provocó inmediatamente la airada reacción del Gremio de Alimentos y Bebidas de Chile que, lejos de considerar el carácter de protección de la salud pública de la medida, se arroparon con la bandera de defensores de la igualdad tributaria.
Baste señalar algunos de los que participan en este gremio – Watt’s, Unilever, Red Bull, Nestlé, Monster, Mars, Ferrero, Dos en Uno, Coca-Cola, CCU, Carozzi – entre otras, para comprender la preocupación de estos por este atentado a uno de los principios más sagrados de la democracia, como es el derecho a envenenar a la población, sin tener que pagar un cierto porcentaje adicional por esto.
Como era de suponer, frente a tan noble causa no podían quedar al margen dos diputados de la UDI, el jefe de la bancada y diputado Juan Antonio Coloma y su colega Cristián Moreira, los que se unieron a la cruzada, anunciando un recurso ante la Contraloría General de la República.
Con todo el peso y la autoridad moral de un partido como la UDI que, como es de público conocimiento, desde sus orígenes fue un encarnizado defensor de la institucionalidad, la igualdad, la justicia y los derechos humanos, los dos parlamentarios declararon que “este gobierno no puede saltarse la institucionalidad”, agregando luego que “ningún gobierno por muy desesperado que esté para cumplir en algo su programa pretenda saltarse el Estado de Derecho”.
Entendiendo por “Estado de Derecho” la posibilidad de obtener ganancias a costa de la salud pública.