ACOSO Y PROCESO GOLPISTA CONTRA EL GOBIERNO DEL IZQUIERDISTA PRESIDENTE COLOMBIANO GUSTAVO PETRO

El gobierno colombiano presentó un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar “medidas provisionales para el presidente” Gustavo Petro, luego que este denunciara se había dado “el primer paso de un golpe de Estado” en su contra de parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Este organismo decidió iniciar una investigación sobre la candidatura presidencial de 2022 y acusa a Petro de haber sobrepasado el límite legal de financiamiento durante la campaña, y de recibir fondos de entidades prohibidas.
Mera coincidencia, quien solicito se iniciara la investigación es el juez del CNE Álvaro Hernán Prada, miembro del partido Centro Democrático del expresidente Armando Uribe, junto al cual Prada está acusado y procesado por cohecho.
Esta no es la primera tentativa de desestabilización desde que asumió el gobierno del presidente Petro en 2022.
En marzo pasado, John Marulanda, exdirector de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia, había declarado claramente que “haría todo lo posible por sacar a un tipo que era guerrillero”, insinuando que Colombia debía hacer como Perú, cuando destituyó al presidente Pedro Castillo.
En junio de este año, tres partidos de derecha que habían formado parte de su coalición bloquearon importantes reformas contenidas en su programa, como la salud, el trabajo y las pensiones, lo que ya intelectuales y líderes de 20 países habían calificado de “golpe suave”.
En la ocasión, el presidente Petro rompió con los tres partidos, procedió a una restructuración de su gabinete y convocó a manifestaciones populares en apoyo a las reformas.
Ya en febrero del presente año, el mandatario colombiano había denunciado que el Ministerio Público intentaba derrocar su gobierno “por la vía judicial”.
Refiriéndose ahora a la acusación del CNE, Gustavo Petro destacó se trató de un fallo que contó con “votos de enemigos políticos del presidente en el consejo electoral”.
Denunció así que se trataría de “un golpe de Estado contra el cambio en Colombia y el voto del pueblo” y llamó a una movilización popular generalizada, puesto que “una burla al voto popular se responde con el pueblo”.
El Consejo tiene hasta el 19 de junio de 2025 para sancionar a Petro, Sea cual sea la determinación de la entidad que es sólo administrativa, ésta no podrá remover de su cargo al presidente colombiano
Según la normativa legal del país, quienes tienen la facultad de destituir a un presidente en Colombia sólo son la Cámara de Diputados y el Senado.
Respondiendo a la tentativa del CNE, Petro dijo que “cinco politiqueros no van a hundir la democracia en Colombia”, agregando que “quieren quitarle el derecho político al pueblo”, antes declarar solemnemente que “el Presidente llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida”.
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