Chile

JUSTICIA TOMA MEDIDAS PARA EVITAR QUE PIÑERA SE ARRANQUE DE CHILE

El Séptimo Juzgado de garantía de Santiago rechazó la demanda formulada por la defensa de Sebastián Piñera para anular una audiencia de control judicial del 16 de mayo, donde se verá la formalización de este y del ex general director de Carabineros, Mario Rozas, en la causa por violación a los derechos humanos durante la revuelta popular.

La audiencia de control había sido solicitada por el abogado querellante en este caso, Luis Mariano Rendón, con el objeto de fijar un plazo a la fiscal que lleva el caso, Ximena Chong, para que proceda a la formalización del imputado Piñera y así impedir pueda huir del país y escapar a la justicia.

En declaraciones al diario El Clarín de Chile, Rendon indicó que él propio Piñera ha señalado tiene invitaciones de universidades extranjeras, lo que hace presumir planes para escapar del país.

El abogado querellante agregó que el imputado Piñera tiene recursos suficientes para radicarse en cualquier país con el que Chile no tiene tratados de extradición, haciendo así difícil el que pueda ser puesto a disposición de la justicia.

De todas maneras, aunque Piñera escape del país, en el extranjero está pendiente un recurso en su contra ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), por crímenes contra la Humanidad.

A comienzos de diciembre del año pasado, el TPI había informado que no iniciaría examen preliminar en relación a las demandas contra Piñera por los delitos de lesa humanidad durante las protestas a partir del 18 de octubre de 2019.

Esta decisión que fue rápidamente presentada por el entonces gobierno de Chile como un triunfo, fue aclarada por diversos expertos legales que hicieron notar que previamente, el TPI sí había establecido que durante la revuelta popular hubo delitos contra los derechos humanos.

Del mismo modo, precisaron que la decisión de la instancia internacional sólo era temporal en espera del avance de los procesos en torno a estas denuncias en el marco de la justicia chilena.

En el plano nacional, la voluntad popular de sancionar a Piñera en virtud de su nutrido prontuario delictual, tanto en manejos financieros como en contra de los derechos humanos, se manifestó en la Convención Constitucional casi en paralelo a la decisión del Juzgado de Garantía.

En la Comisión de sistemas de Justicia de la instancia que debe redactar la nueva Constitución, fue aprobada en general la Iniciativa Popular de Norma (INP) que busca sancionar al ahora ex mandatario por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la revuelta popular.

“Sebastián Piñera tiene responsabilidad política y penal como presidente de la República. Tiene que responder ante los tribunales que sean necesarios, tanto nacionales como internacionales, por la violación sistemática a los derechos humanos de miles de ciudadanos chilenos”, señala la INP aprobada en comisión.

La Iniciativa Popular de norma, llamada “Cárcel para Sebastián”, ahora aprobada en la comisión señalada por 10 votos a favor, 8 en contra y una abstención, había sido presentada ante la Convención Constitucional apoyada por 16.304 firmas,.

Luego de un segundo examen con las modificaciones que pudiesen ser presentadas dentro de la misma comisión, deberá la iniciativa debe ser votada en el Pleno de la Convención.