LA DERECHA EN CLARO PLAN DE DESESTABILIZACIÓN
EN REACCIÓN A INDULTOS PRESIDENCIALES

El martes 24 de enero de 2023, con dos votos a favor y dos en contra, la comisión que estudió la acusación constitucional contra la ex ministra Marcela Ríos recomendó rechazar el libelo. El miércoles 25 de enero, la Sala plenaria de la Cámara, rechazó la acusación. Esta había sido presentada por diputados de la coalición de derecha Chile Vamos por supuestas irregularidades en los indultos otorgados a varios presos de la Revuelta y a un ex – frentista. El abogado José Antonio Viera-Gallo, quien representó a la ministra y aseguró su defensa en las dos instancias, señaló que la facultad de indultar es exclusiva del Presidente y que todos los indultos están fundados.
Otras instituciones del Estado fueron igualmente requeridas con la intención de anular los decretos emitidos por el Presidente Gabriel Boric. Se esperan las resoluciones dentro de la semana.
El 30 de diciembre de 2022, el Presidente de la República, Gabriel Boric, indultó a 12 condenados por la Revuelta Social y al ex-frentista Jorge Mateluna, lo que provocó una virulenta reacción de la derecha política, cuyos representantes se retiraron de las actuales discusiones del Plan nacional de seguridad, presentado por el gobierno en junio pasado.
Así, después de nueve meses, el presidente Gabriel Boric cumplió en parte la promesa hecha en los primeros días de su gobierno. La ansiada demanda de los familiares de los presos políticos no fue fácil de obtener. Esta costó tenaces movilizaciones ininterrumpidas desde los inicios de la Revuelta y varias iniciativas infructuosas en el Parlamento, así como la fuerte y tenaz exigencia de parte de la Senadora Fabiola Campillai.
Si bien el indulto benefició solamente a 13 presos políticos, el hecho causó revuelo y en la derecha desencadenó una serie de iniciativas destinadas a anular los indultos.
Entre otras, amenazas de acusaciones constitucionales contra el Presidente y su ministra de Justicia, recursos administrativos ante la Contraloría, otros ante el Tribunal Constitucional y la creación de una Comisión especial de investigación en la Cámara de Diputados.
A todo ello, hay que agregar la presentación de otra iniciativa destinada a eliminar la facultad presidencial de otorgar indultos. Todo ello argumentando supuestas irregularidades en la implementación de los decretos respectivos.
El anuncio hecho por el Presidente estuvo acompañado de algunos errores sobre la cifra definitiva de beneficiados (trece en lugar de once) y en el número de referencia a la ley soporte del beneficio.
Su declaración, en defensa de los argumentos presentados para el indulto de Jorge Mateluna, fue motivo para que la Corte Suprema le “tirara las orejas” acusándolo de intromisión en otros poderes del Estado.
Como era dable suponer, la derecha aprovechó estos “deslices” para actuar y golpear rápidamente.
Aparte de las eventuales irregularidades de forma, los argumentos que esta misma derecha utiliza para cuestionar los decretos de indulto son que el detalle de los delitos cometidos muestra a autores de robos violentos, a delincuentes reiterados, a procesados por Ley de Seguridad interior del Estado.
Pero, como es su costumbre y de manera hipócrita, olvidó que el ex presidente Sebastián Piñera indultó a narcotraficantes, homicidas y además a cinco militares condenados por graves violaciones de Derechos humanos, es decir por delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles. Asimismo, olvidó que todos los mandatarios que precedieron a Piñera igualmente otorgaron indultos.
Iniciativas de la derecha en curso
La Contraloría, encargada de fiscalizar los actos del gobierno, a solicitud de diputados UDI, solicitó al Ministerio de Justicia los antecedentes de los indultos y deberá pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de los decretos emitidos.
La Cámara de Diputados, requerida por Chile Vamos, en sesión plenaria del 25 de marzo, rechazó la acusación con 82 votos. A favor 49 votos y abstención 3. El Partido Republicano votó contra la acusación fundamentando su voto de rechazo considerando que el Presidente Boric es quien debe ser acusado. Pero, su posición más bien corresponde a peleas internas en la derecha.
El Tribunal Constitucional admitió a trámite los requerimientos de in-constitucionalidad de un grupo de derecha en el Senado. Esta tramitación lleva a resolver el conflicto en marzo. Mientras tanto, los presos indultados continuarán viviendo en la incertidumbre ante la seria posibilidad de volver en prisión.
Por una parte, personeros de gobierno han anunciado que no existen elementos jurídicos para revocar los indultos, pero también por otra parte, han señalado que estarían dispuestos a revisar los antecedentes conflictivos, agregando además que no habrán más indultos. Esto, sobre todo, para calmar los “enojos” de la derecha.
Los familiares y organizaciones de apoyo a los presos políticos anunciaron nuevas movilizaciones tanto en Santiago como en Concepción, así como la presentación de demandas de nuevos indultos.
Las presiones de la derecha continúan en todos los ámbitos, ilustradas por una fuerte campaña de prensa denigrando a los indultados y cercando al gobierno, al mismo tiempo, con otras acusaciones constitucionales, como aquella establecida contra Giorgo Jackson, Ministro de Desarrollo Social, figura importante del gobierno.
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